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El viacrucis del contralor distrital

A esta hora rinde versión libre ante el procurador Alejandro Ordóñez por su presunta participación en el llamado cartel de la contratación.

El Espectador
04 de febrero de 2011 - 12:13 p. m.

Desde febrero de 2008, cuando asumió el cargo, una de las acciones más mediáticas del contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, fue la mudanza del personal de la entidad como consecuencia del sismo del 24 de mayo, que desprendió la mampostería de la fachada y los vidrios de la sede de la entidad (en la calle 26), apenas tres meses después de que él asumiera funciones.

Pero hace exactamente un año ocurrió otro hecho que lo puso frente a los reflectores de los medios: su declaración según la cual el grupo Nule operaba como “una pirámide empresarial”. Para ese momento la debacle de los reconocidos empresarios de la Costa era apenas un rumor en la ciudad. “Lo que se está evidenciando con estas empresas es que tienen problemas de liquidez, que es la base de la pirámide, y esto podría afectar los demás proyectos que están ejecutando en la ciudad”, dijo el funcionario. Para la opinión pública, claramente se ubicaba del lado de las autoridades de control.

Pero todo cambió el 25 de junio de 2010 con la divulgación en Caracol Radio de una conversación privada que dejó al Contralor del lado de los investigados, bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General, de la Auditoría General, de la Fiscalía y hasta de su partido, el liberal. En la grabación se escucha al empresario Miguel Nule hablar con el exrepresentante a la Cámara, Germán Olano Becerra, sobre el pago de una comisión presuntamente dirigida al bolsillo de Moralesrussi. Todo a cambio de un contrato.

A los pocos días, las autoridades anunciaban la apertura de investigaciones preliminares y el Contralor salía a denunciar públicamente que estaban usando su nombre para pedir dinero y que todo hacía parte de un complot para desprestigiarlo. Esa misma es la versión que mantiene hasta el momento el funcionario.

La tormenta a su alrededor arreció cuando este diario publicó una denuncia del concejal Antonio Sanguino, quien asegura que la Contraloría Distrital está pagando más de lo debido por el inmueble que alquiló para mudar a sus 500 empleados, luego del temblor de mayo de 2008. El edificio tiene siete pisos, se llama ‘Amalfi’ y está ubicado en una exclusiva zona de la ciudad. Moralesrussi pagó por él $2.300 millones durante 10 meses, un hecho “aberrante y escandaloso”, en concepto de Sanguino.

La polémica fue respondida por Víctor Manuel Armella, gran amigo de Moralesrussi y su contralor auxiliar, quien explicó que todo estaba en orden y no existía el presunto sobrecosto. Pero la mala hora del Contralor apenas empezaba.

En julio del año pasado, en el Concejo se realizó la rendición de cuentas del Contralor, una jornada que terminó convertida en un explosivo debate político, en el que no faltaron agravios y uno que otro grito. El tema principal: el presunto cartel de la contratación y los supuestos sobrecostos del edificio ‘Amalfi’.

Ese día, el concejal Carlos Galán reveló otra perla: el exrepresentante Germán Olano figura como agente registrado de la empresa Russi’s Investments LLC, en Florida (Estados Unidos). A su vez, la presidenta de la empresa es Marta Patricia Russi Gómez, cuya hermana, Gladys Amalia Russi Gómez, es una funcionaria de la Contraloría Distrital. El Contralor se defendió diciendo que no tiene ningún vínculo familiar con las señoras, aunque reconoció que una de ellas sí trabaja en su entidad.

Después vinieron las denuncias de la comisión del Polo Democrático, liderada por Gustavo Petro, Carlos Vicente de Roux y Luis Carlos Avellaneda, que le hizo seguimiento a la contratación distrital, cuyo primer informe corrobora la existencia del supuesto cartel.

Hoy, cuando Moralesrussi se presenta ante el procurador, Alejandro Ordóñez, en audiencia pública dentro de la investigación disciplinaria que se adelanta en su contra, El Espectador revela el informe que la Auditoría General hizo a su gestión, la cual calificó de “deficiente”, y que motivó la apertura de un proceso de carácter sancionatorio. Y aunque todos los elementos parecerían estar en su contra, la última palabra sobre su suerte sólo la tendrán las autoridades. Como siempre.
 

Por El Espectador

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