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Emilio Tapia entregó pruebas en proceso por el 'carrusel'

El contratista presentó ante la Fiscalía una serie de documentos que vincularían a un grupo de concejales.

El Espectador
25 de febrero de 2013 - 09:31 p. m.

Este lunes el contratista Emilio Tapia entregó cerca de mil documentos a la Fiscalía en el proceso que se adelanta por las irregularidades en la ejecución de contratos viales en la capital de la República durante la administración de Samuel Moreno Rojas.

Según se ha podido establecer, el contratista, quien firmó un preacuerdo con la Fiscalía, entregó una serie de folios en los que se busca establecer las irregularidades en las que incurrió la administración distrital en la entrega de multimillonarios contratos viales en Bogotá.

En este sentido Tapa habría indicado que en un solo año se celebraron contratos con el Distrito por un valor superior a los 222 mil millones de pesos, principalmente en el tema de la reparación de la malla vial.

En sus declaraciones el contratista manifestó como funcionó la “empresa” de entrega de contratos en la que participaron el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas; su hermano, el senador Iván Moreno Rojas y un grupo de concejales quienes habrían resultado beneficiados.

En una de las pruebas entregadas por Tapia Aldana se indicó que muchos de los contratos viales recibidos por un grupo específico de contratistas registraron adiciones superiores a los 70 mil millones de pesos.

Igualmente precisó que en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado se habrían celebrado de manera irregular contratos por un valor cercano a los 300 mil millones de pesos.

Tapia amplió, en sus siete horas de declaración, sus denuncias sobre los contratos de las ambulancias los cuales tuvieron un valor superior a los 85 mil millones de pesos, en los cuales se pudo evidenciar “la mano” de varios cabildantes distritales.

Vale recordar que el contratista firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el cual se comprometía a aceptar su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio por lo que pagaría una pena de 13 años de detención domiciliaria y sería testigo de cargo de la Fiscalía en los otros procesos que se adelanta por las irregularidades en la contratación.

Igualmente se comprometió a reparar económicamente a las víctimas establecidas en este proceso, así como entregar información y documentos sobre otros casos de "carrusel de contratos" en otros lugares del país.  (Ver Procuraduría pide que no se avale preacuerdo firmado entre Emilio Tapia y Fiscalía)

Por El Espectador

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