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La Fiscalía 42 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme el llamado a juicio contra el exjefe de seguridad de Ecopetrol, capitán (r) José Eduardo González, por su presunta participación en los hechos que rodearon la masacre de ochoe personas en Barrancabermeja por las Autodefensas de Santander y el sur del Cesar, registrada el 28 de febrero de 1999.
El ente investigador formuló resolución de acusación contra González por los delitos de homicidio agravado en calidad de coautor, tentativa de homicidio y desaparición forzada. Sin embargo, la parte civil del proceso le había pedido a la Fiscalía General que lo procesara como coautor de estas acciones ilegales puesto que habría sido parte fundamental en la ejecución de estas 16 personas señaladas de ser auxiliadoras de las Farc.
Para el abogado Eduardo Carreño, las pruebas demuestran que el entonces jefe de seguridad de la empresa petrolera fue un enlace entre los integrantes de la Fuerza Pública y las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar para realizar la identificación de las personas en los barrios Versalles, Providencia, La Esperanza y La Paz, ubicados en la comuna 5, ubicada en el nororiente de Barrancabermeja.
En el escrito de acusación, el ente investigador le da validez al testimonio de 'El Panadero'. El exjefe paramilitar aseguró en Justicia y Paz que el capitán en retiro del Ejército tuvo una participación activa en el plan para atacar a los presuntos auxiliadores del grupo guerrillero. 'El Panadero' dio detalles sobre el papel que habría cumplido el ahora procesado en estos hechos.
"(...) Fue necesario hacer contactos con las distintas autoridades del puerto petrolero para contar con su apoyo y colaboración, contactos que se realizaron a través de alias 'Mauricio', de nombre José Eduardo González o Luis Eduardo González, capitán retirado del Ejército Nacional de Colombia, quien para la época trabajaba como supervisor del área de seguridad de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol y vivía dentro de la refinería de Barrancabermeja", precisó 'El Panadero' en su declaración.
El excomandante paramilitar -quien fue excluido de Justicia y Paz por faltar a la verdad en el proceso contra Jineth Bedoya- añadió que González fue el encargado de hacer los respectivos contactos con el entonces comandante de la Policía de Barrancabermeja, coronel Joaquín Correa; el jefe de operaciones del DAS en la región, Eddie Álvarez Barreto; y el capitán Oswaldo Prada Escobar, quien hacía parte del comando de inteligencia del Batallón Nueva Granada de Barrancabermeja, esto con el fin de “hacer las incursiones seguros de que la Fuerza Pública y las demás entidades no reaccionarían”.
En el escrito de acusación se citan otras dos declaraciones. En estas se manifiesta que González fue un puente entre el grupo armado ilegal y la Fuerza Pública. Para la FIscalía General, evidentemente en la masacre participaron integrantes del Ejército, la Policía y el DAS, quienes además de dar información a los paramiltiares omitieron sus funciones para investigar la acción y buscar a las personas desaparecidas.
El exparamilitar Fremio Sánchez Carreño dio detalles sobre los vínculos que tenía el exjefe de seguridad de Ecopetrol con las AUC entre los años de 1998 y 2000, junto a otros intefrantes de la Fueza Pública. Mientras que John Alexánder Vásquez aseguró que el capitán González tenía gente infiltada en al Unión Sindical Obrera (USO) con el fin de obtener información de primera mano y entregárselas a las AUC y a los miembros de la Fueza Pública.
De las 32 víctimas que reportan las cifras oficiales sobre la masacre de 1998, ocho de los cuerpos han sido encontrados. Todos con huellas de violencia. En el expediente figuran algunos informes de inteligencia del DAS, de abril del 98, en los que se anunciaba la intención de las autodefensas de perpetrar la masacre, la cual fue clave en la expansión y fortalecimiento de las estructuras paramilitares en la zona.
De lesa humanidad
La parte civil del proceso le solicitó a la Fiscalía General declarar esta masacre como un crimen de lesa humanidad al considerar que fue un ataque sistemático en contra del movimiento sindical. Considera que en este caso en cuestión existió una "unión" entre las Fuerzas del Estado y los paramilitares. Juntos formaron una "empresa criminal", olvidando todas sus funciones constitucionales para ejecutar un plan en contra de la vida e integridad de los civiles.