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Judicial 14 Mayo 2013 - 6:21 pm

Más denuncias contra el miembro del Tribunal Administrativo de Boyacá

Enredos del magistrado Fabio Ignacio Mejía

Por lo menos seis personas señalan al magistrado por supuestas estafas.

Por: Redacción Judicial
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No ha cumplido un año como magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá y Fabio Ignacio Mejía ya tiene una nube de controversia a su alrededor por denuncias en su contra por una supuesta estafa de una empresa de transportadores de Duitama dadas a conocer por Caracol Radio y Noticias Uno. Por estos hechos el magistrado tiene un proceso en la Fiscalía pero aún no se le han imputado cargos. Al respecto el funcionario le dijo a este diario que espera que el ente investigador le defina su situación y que los que lo denuncian son, en realidad, personas que le deben plata y no le quieren pagar.

Representantes de la Organización Interamericana de Transporte denunciaron que para evitar un embargo acudieron a la abogada Zuly Yamile Peña quien les propuso que hicieran un autoembargo; es decir, que adquirieran una deuda con un allegado y que este los embargaría para evitar que otras personas lo hicieran. En el desarrollo de esta maniobra a Peña se le giraron cuatro cheques en blanco. Solo dos de ellos, al parecer, fueron incluidos dentro de la demanda. Los otros dos fueron girados a un abogado y al magistrado Mejía.

Cuando la situación de la empresa mejoró supuestamente le pidieron al magistrado Mejía que devolviera el cheque que era por 120 millones. No lo hizo y en cambio, intentó cobrarlo. El magistrado niega todo esto y dice que lo que ocurrió fue que él les prestó un dinero a los dueños de OIT y estos no se lo pagaron y que, por ello, tuvo que recurrir a un proceso ejecutivo de remate que aún continúa. Y presentó como prueba documentos de un juzgado de Duitama en los que se le ordena a OIT pagarle al magistrado los 120 millones.

Este es apenas uno de los señalamientos contra el magistrado. El Espectador supo de otros cinco señalamientos en su contra y en contra de Zuly Yamile Peña, quien, este diario pudo comprobar, se encuentra ad portas de que se le imputen cargos por el delito de estafa. Miguel Cómbita y Clara Torres son dos de las otras personas que señalan al magistrado Mejía por supuestas estafas. El primero dice que el funcionario lo engañó y le hizo perder su finca. Al respecto Cómbita dijo que en el año 2000 el magistrado se ofreció a ayudarle con una deuda que tenía, él asumió la deuda y otras que el campesino tenía y, a cambio, Cómbita se comprometió a pagarle $18 millones de ese entonces.

“Yo le firme unas letras y la finca quedó como garantía del préstamo. Sin embargo no fue así, con las letras que yo le firmé, un año después de haber aceptado el acuerdo con el magistrado, personal de la policía entró a la finca y sacó todos los empleados y habitantes de ella; el magistrado según me contaron estuvo presente. El magistrado sin desenglobe de la finca, sin un perito, sin previo acuerdo, sin previo aviso y en tiempo record, se apropió de la finca, la remató sin darme cuenta”, dijo.

Y agregó que “al enterarme trate de ejecutar defensa jurídica pero ningún abogado de Duitama quiso tomar mi caso debido a que él era personero por la época. Además de eso recibí amenazas directas de muerte”. Sus denuncias no condujeron a ningún proceso penal. Al respecto el magistrado Mejía le dijo a este diario que el remate de esa propiedad se hizo conforme a la ley y porque Cómbita le debía unos dineros. “Ese señor, dolido por el remate, inició un proceso disciplinario en mi contra que no prosperó”, aseveró y agregó, además, que los de la OIT se han puesto a buscar supuestas víctimas suyas para presionarlo y hacerle una campaña sucia. Al respecto, presentó el certificado de tradición de la finca donde consta el remate.

Otra de las denuncias es la hecha por Clara Torres. Ella asegura que el magistrado se habría aprovechado de su anciana madrastra, María Patricia Monguí, para quedarse con la casa de la familia. “Se quedó con una herencia. Aprovechó la buena fe de la persona que vivía con mi papá. Y ahora resulta que es el dueño de lo que mi papá trabajó toda la vida”. Al parecer el magistrado se ganó la confianza de la mujer y se convirtió de buenas a primeras en el administrador de sus bienes. Después de haberse alejado por unos años de su madrastra, Clara regresó a Duitama y se sorprendió al escuchar que la anciana se había ido, supuestamente, con una hermana suya y que había dejado todo a cargo del magistrado. 

“Cuando regresé a la propiedad estaba en construcción un edificio. Inmediatamente fui a hablar en persona con el magistrado y me dijo que María Antonia, quien era la que estaba en frente de la administración de todo, se la había llevado una hermana de la ciudad. Sin embargo, antes de eso, según me dijo el magistrado, le vendió todo”, dijo Clara, quien, además, denunció que nunca supo a ciencia cierta lo que pasó con su madrastra.
“Esta es la hora que no sé qué paso con María Antonia, no sé si está viva, si se murió, y tampoco conocí o conozco a la supuesta hermana u otro familiar que fueron los que supuestamente se la llevaron. “Lo único que se me hace raro es que ella por ser esposa de mi padre, al enterrarlo, compró y pagó una bóveda doble en el cementerio para ser enterrada junto a él. Esa bóveda no fue, ni ha sido utilizada aún por nadie”.

Clara comentó que, en su momento, intentó denunciar al magistrado, al que se refirió como “una rata de alcantarilla”. Expresó que intentó acudir a un “abogado pero nadie se comprometía a tomar el caso porque él era el personero”. Nunca se abrió un proceso al respecto. La compra, aseguró el magistrado Mejía, sí se hizo y fue ajustada a la ley. Además, hizo referencia al certificado de tradición y libertad de esta propiedad que, curiosamente, cuenta con una anotación por embargo, como en las demás denuncias. Aseveró, además, que la construcción que viene realizando en la propiedad ha sido financiada con los ahorros de toda la vida y reiteró que lo que hay es una campaña sucia en su contra.

“Usted no sabe cuánto daño han querido hacerme. Me mandan carros, me llaman por teléfono. Ellos me dicen que van a seguir utilizando los medios con el fin de perjudicarme”, denunció y explicó que sí conoce a Zuly Yamile Peña, con quien, de hecho, tiene un hijo pero que desde hace mucho no son socios ni nada parecido. Aseguró que su vida familiar ha sido afectada por estos señalamientos y que solo espera que las autoridades esclarezcan todo. El Consejo Superior de la Judicatura ya está al tanto de los señalamientos y es quien tiene la última palabra sobre el futuro de este magistrado que, a menos de un año de haberse posesionado, ya está en líos.

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