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Envían a la cárcel al alcalde de Calima El Darién (Valle)

Según la Fiscalía, el mandatario ideó ‘toda una empresa criminal’ para defraudar el presupuesto del municipio.

Redacción Judicial
04 de diciembre de 2014 - 11:58 p. m.
Luis Eduardo Vargas Tabares, alcalde de Calima el Darién (Valle del Cauca).
Luis Eduardo Vargas Tabares, alcalde de Calima el Darién (Valle del Cauca).

El actual alcalde del municipio de Calima el Darién (Valle del Cauca), Luis Eduardo Vargas Tabares, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía por contratación indebida y corrupción.

La medida cobija a dos de sus secretarios y un asesor del Despacho, quienes son investigados por suscribir tres contratos que superan los 70 millones de pesos, que al parecer, no habrían cumplido los requisitos legales.

De acuerdo con la Fiscalía, el mandatario y sus funcionarios habrían montado una “verdadera empresa criminal, que se conformó con el objetivo de defraudar el presupuesto del municipio”.

“Durante la investigación se descubrió el ‘modus operandi’ que presuntamente utilizó el Alcalde y sus colaboradores, quienes de manera consciente y planificada se apropiaron de un cifra aproximada a los $70 millones, pero se estima que el monto de la defraudación puede superar los $500 millones”, aseguró Gustavo Galvis Bautista, subdirector Seccional del CTI del Valle del Cauca, en diálogo con el diario El País.

Luis Eduardo Vargas –así como el secretario de Obras Públicas, Ricardo Antonio Londoño, y el exsecretario de Gobierno, Jhonatan Bolaños Ortiz– es investigado por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y uso de documento público falso, teniendo en cuenta que en uno de los contratos suscritos por el mandatario, se falsificó una firma.

Los contratos –firmados entre 2011 y 2014– ascienden a 14, 35 y 24 millones de pesos, los cuales se celebraron sin considerar la Ley de Contratación, agravado por la falsificación de firmas.

Se presume que entre las evidencias halladas por las autoridades, se encuentran varios pagos hechos a un supuesto supervisor de obras, el cual fue contratado de manera verbal y a quien le pagaban dos millones de pesos mensuales. 

Por Redacción Judicial

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