Ante el 62 de garantías, Lucy Luna de Moreno no aceptó el delito de concusión en calidad de coautora e interviniente en el proceso que se le adelanta por el 'carrusel de la contratación'.
En su corta intervención, la Fisalía indicó que junto a su esposo, el entonces congresista Iván Moreno Rojas abusaron de su posición y de los lazos que los unían con el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas para presionar a los miembros del Grupo Nule, quienes en ese momento participaban en licitaciones de la malla vial en Bogotá.
En este sentido indicó que en las reiteradas reuniones que sostuvieron con los contratistas entre julio 2008 y abril de 2009 con el fin de que le entregaran las concesiones para la ubicación de dos estaciones de gasolina en los municipios de Melgar y Chinauta.
Según los testimonios presentados por la Fiscalía, Lucy Luna y su esposo presionaron a los miembros del Grupo Nule para que gestionaran ante la concesión para la entrega de las zonas ubicadas en Chinauta y Melgar con el fin de la entrega de esas áreas de libre disposición para la construcción de las dos estaciones para el abastecimiento de combustible.
Las reuniones fueron celebradas en la oficina de Los Nule, así como en Miami, Estados Unidos, y en la casa de los Moreno Rojas en Teusaquillo, se ejercieron presiones para la entrega de estas concesiones. “Con estos hechos se lesionaron el bien público y jurídico y usted sabía que era conciente que la acción iba contraría a la ley”, precisó el fiscal.
Igualmente se presentaron correos electrónicos enviados a los Nule "en los que se les preguntaba que qué estaba pasando con dicha obra. Que cuándo se podía empezar la construcción", precisó el fiscal en la imputación, en la cual tuvo que hacer varias aclaraciones sobre los hechos.
Debido a su experiencia en este tipo de adjudicaciones, la Fiscalía consideró que el aporte y participación de Lucy Luna de Moreno era de gran importancia puesto que “sin ella no se hubiese realizado la entrega de las citadas áreas”.
En este caso la Fiscalía General no solicitó medida de aseguramiento.
Por estos mismos hechos, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 20 años a Iván Moreno Rojas.
Igualmente, el exsenador de la República es procesado penalmente por la Corte Suprema de Justicia, hecho por el cual se encuentra privado de su libertad.