Se espera que en los próximos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos presente su decisión sobre la resolución de seguimiento de cumplimiento a la sentencia en la que se condenó al Estado por la masacre de Mapiripán registrada en junio de 1997.
El abogado Alirio Uribe Muñoz explicó que en octubre de 2011 se presentó una alegación por parte del Estado sobre las "víctimas que no son víctimas" que estaban establecidas en el fallo emitido por el órgano internacional en 2005.
Sin embargo el presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo señaló que el único caso que se debatió en la Corte Interamericana fue el de Mariela Contreras y su familia, quienes se presentaron como víctimas de la masacre perpetrada por grupos paramilitares.
"Se solicitó que no se tenga en cuenta el núcleo familiar de la señora Mariela Contreras en razón de que ella misma ha manifestado que no es víctima de la masacre de Mapiripán”, indicó Uribe Muñoz, al señalar que el Estado colombiano no presentó pruebas fehacientes sobre otros casos de falsas víctimas en este caso.
En este caso el jurista indicó que la señora Contreras pese a ser una víctima del conflicto armado puesto que su esposo fue asesinado por la guerrilla y sus hijos reclutados por las Farc, no tuvo ninguna relación con dicha matanza por lo se indica que engañó al Estado y al Colectivo de Abogados quien la representó durante el litigio.
Ante esto fue claro en señalar que el dinero que recibieron por la representación de esta mujer fue devuelto a la Contraloría General como quedó registrado en una serie de documentos oficiales. “Se solicitó que el Estado colombiano no reparara a dicha familia”.
Por último el abogado aclaró que el Estado colombiano no pudo presentar pruebas claras y argumentativas sobre la existencia de otros falsos testigos por lo que la Corte Interamericana no modificaría el fallo emitido en contra del Estado por su responsabilidad y omisión en los hechos.
"Lo más importante es que no se pone en tela de juicio la cosa juzgada dentro de la masacre, es decir hubo una masacre y el Estado no ha cumplido con la sentencia en la que se le pedía la identificación de todas las víctimas, esa sentencia queda incólume y no hay ninguna revisión sobre los hechos fácticos sobre la responsabilidad del Estado en la masacre de Mapiripán”, precisó.