Los familiares de las víctimas de la masacre de Santo Domingo recibieron con beneplácito el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que sancionó al Estado por el bombardeo en zona rural de Arauca, ocurrido el 13 de diciembre de 1998, que causó la muerte de 17 personas (6 de ellos niños) y dejó a otras 27 heridas (siete de ellos menores de edad).
Alba Janeth García, una de las personas que resultaron heridas en dicha acción, manifestó que así quedó esclarecido de quién es la responsabilidad de haber arrojado una bomba tipo racimo sobre la población civil. García se desplazó a Bogotá desde Arauca para expresar ante los medios sus apreciaciones del fallo.
Alonso Campiño, representante de organizaciones sociales de Arauca, señaló que los habitantes de la región tienen dos expectativas principales: una, sobre el reconocimiento de los hechos violentos que la Corte le ordenó al Estado realizar, y dos, sobre el acatamiento de la sentencia por parte de los organismos estatales.
Juan Carlos Torregrosa, abogado de las víctimas por parte de la Fundación Joel Sierra, sostuvo que la masacre de Santo Domingo trajo como consecuencia para los pobladores de la zona que los señalaran de guerrilleros. “Siempre se le ha dicho una mentira al mundo: que las víctimas eran guerrilleros“, agregó.
De hecho, ese argumento hacía parte del proceso internacional. Sin embargo, el organismo interamericano aseveró que, de acuerdo con las pruebas presentadas, no había indicios de que funcionarios del Gobierno o de las Fuerzas Militares hubieran realizado acciones de estigmatización en contra de la población civil.
“Esta sentencia internacional nos deja con un aire de satisfacción. Reconoce nuestra defensa por la vida, nuestra lucha contra el olvido y la impundiad en Colombia. El fallo fue emitido dándoles la razón a las víctimas y organizaciones de derechos”, afirmó Torregrosa.
Jomary Ortegón, abogada de las víctimas por parte del Colectivo de Abogados, indicó que las versiones de las víctimas habían sido fundamentales en la decisión de la Cidh: “Fueron 30 testimonios coherentes, de personas que no estaban en el mismo lugar. A ellos se les dio total credibilidad. El Estado, sin embargo, presentó diversas versiones de defensa a lo largo del proceso y ello no fue admitido por la Corte”.