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El millonario escándalo de captaciones ilegales de dineros por parte de la firma Estraval, que habría estafado a más de 4.500 personas por un monto de superior a los $600 mil millones pudo evitarse y la Superintendencia de Sociedades no tomó medidas a tiempo, aun cuando ya habían diagnosticado la posibilidad de que la entidad no pagara a sus acreedores.
En febrero de 2014, la Superintendencia hizo una “toma de información” con el fin de verificar los estados financieros. El diagnóstico fue preocupante: se encontraron algunas debilidades de orden contable y financiero. Desde este año también fue evidente que Estraval estaba dejando de pagar los rendimientos. Así lo demuestra una queja que llegó a la entidad en septiembre.
Además, existía un diagnóstico hecho en agosto de 2014, y firmado por la Superintendente Delegada para la Inspección Vigilancia y Control, María Isabel Cañón, en la que claramente señala que Estraval estaba dedicada a una actividad de factoring (compra de cartera representada en pagarés y libranza) y su razón social no contemplaba estas actividades. Es decir, Estraval está haciendo transacciones que no le eran permitidas.
Pero el asunto es más complejo. La Superintendencia en el mismo documento advirtió que “el 59% de los pasivos corresponden al sector financiero, lo cual se traduce en un riesgo, en la medida en que si operacionalmente la compañía no genera los recursos suficientes para atender tales obligaciones, pondría en riesgo la prensa general de los acreedores y lo más importante, conllevaría al posible incumplimiento en el pago de los flujos de inversionistas en el evento que las cooperativas no cancelaran los mismos”. La caída de Estraval estaba anunciada.
Y sigue el rosario de irregularidades que anunciaban el millonario fraude a más de 4.500 clientes. Para diciembre de 2013, Estraval tenía cuentas por pagar a sus socios por más de $2.600 millones y préstamos a las sociedades de los accionistas por $17.179 millones. Por si fuera poco, había otra cuenta por 18.000 millones de recompra de cartera, donde la mayor parte de esta estaba vencida. La conclusión, no tenían con qué pagar y las deudas cada vez crecían más.
La Procuraduría por solicitud del senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, también había hecho un análisis de los hechos. Las conclusiones fueron similares. Estraval estaba captando dinero, no estaba generando recursos suficientes para pagar a sus clientes y tenían cuentas por cobrar de más de $1.700 millones.
Un dato adicional, los accionistas, quienes se quedaron con la plata de los clientes y usuarios, le habían solicitado prestamos a Estraval por más de $17.000 millones. Dinero que lógicamente nunca regreso a la entidad. El senador Macias continuó con sus denuncias y quejas ante la Superintendencia de Sociedades pero la entidad hizo oídos sordos.
El complejo trabajo de investigación
Desde la Superintendencia de Sociedades señalan la entidad venía actuando en este caso y señalan que en marzo de 2015 Estraval fue sometida a control por parte de la entidad, en agosto del mismo año fue abierta una investigación administrativa “por no haberse inscrito la situación de grupo empresarial en el registro mercantil”.
Para diciembre de 2015 se impusieron las primeras multas a los accionistas de Estraval, Carlos Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas. El proceso continuó ante la Superintendencia de Sociedades y se decretó la reorganización del patrimonio de estos dos accionistas, como personas naturales, en calidad de matrices del grupo empresarial.
Finalmente en junio del año pasado la Superintendencia de Sociedades decretó de oficio la liquidación judicial de Estraval y tres de sus compañías vinculadas.El motivo fue que “realizaban operaciones aparentemente legales a través de la compraventa de cartera. No obstante, la información recabada permitió concluir que Estraval recibió recursos que no correspondían a una venta real de libranzas, porque nunca se les asignaron los créditos que habían comprado o porque, en varias ocasiones, se le vendió el mismo pagaré a más de un inversionista, entre otras irregularidades”.
Un asunto espinoso, pues la Superintendencia tenía los ojos puestos sobre Estraval, pero las maniobras que emplearon en esta entidad para "disfrazar" la captación de dinero obligó a complejas auditorías en las cuales tuvieron que revisar uno a uno cada pagaré. Solo hasta ese momento, varios meses después, se pudieron determinar con claridad las irregularidades. En ese momento se le dio la información a la Fiscalía para que adelantara el proceso penal contra los protagonistas de este fraude.
Una crónica de un descalabro anunciado. Nuevamente, una empresa se dedicó captar millonarios capitales esta vez usando la figura de pago por libranzas (débito automático de las deudas) lo que implica que sería un dinero que con seguridad ingresaría a la entidad. Pero, en este caso, cuando una persona pedía un crédito con una cooperativa le hacían firmar un mismo pagaré tres veces y posteriormente Estraval lo vendía, con la figura de cartera, hasta tres veces a los inversionistas. En esto consistía el millonario fraude.
En el caso están respondiendo los socios Carlos Fernando Mondragón, Juan Carlos Bastidas, Rosalba Fonseca Melo, José Iván Castiblanco, Pedro Harold Carvajal, Fernando Joya Rodríguez y Ángela Marina Daza, por delitos como: estafa, falsedad en documento, enriquecimiento ilícito, captación ilegal y no reintegro de la inversión. Por ahora más de 4.500 personas perdieron sus ahorros, se habla de $600 mil millones embolatados y hasta el momento de más de 8000 libranzas y pagarés clonados. Un fraude millonario que se hubiera podido evitar.