Exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, segundo parapolítico aceptado en la JEP

Ramiro Suarez Corzo. / Archivo El Espectador.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó la petición del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, de someterse a esta justicia nacida del Acuerdo de Paz con las Farc. El exmandatario de la capital del Santander fue condenado a 27 años de prisión por ser el autor intelectual del homicidio de Alfredo Enrique Flórez (exasesor jurídico de la Alcaldía de Cúcuta), ocurrido el 6 de octubre de 2003 y perpetrado por parte grupos paramilitares.

::Corte Suprema dejó en firme condena de 27 años de prisión contra exalcalde de Cúcuta::

Con esta decisión, Suárez Corzo se convierte en el segundo parapolítico que tendrá que ser investigado por  los magistrados de ese tribunal. El pasado 30 de abril, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP   aceptó la solicitud de sometimiento del excongresista David Char Navas, quien era procesado por la Corte Suprema por sus presuntos vínculos con los paramilitares. 

Corzo había solicitado su ingreso a la JEP en marzo de 2017, posteriormente, su abogada, en enero de 2018, solicitó la aplicación del beneficio de la renuncia a la persecución penal en contra de su defendido. Asimismo, también solicitó que se le concediera la libertad transitoria, condicionada y anticipada al exmandatario.

::Estos son los investigados por paramilitarismo que se quieren someter a la JEP::

El exalcalde de Cúcuta también es investigado por su presunta participación en el asesinato del veedor Pedro Durán Franco, ocurrido en agosto de 2003, quien fue asesinado por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia “para pagarle un favor” al entonces candidato a la Alcaldía cucuteña, Suárez Corzo, según las investigaciones.

Parte del compromiso de Corzo al ingresar a esta jurisdicción será aportar más información sobres estos dos asesinatos. En un escrito que el exalcalde de Cúcuta le aportó a la JEP este señala que está comprometido con el esclarecimiento “de los hechos, aclararle a la sociedad y al país no solo la verdad de dos homicidios: Enrique Flórez Ramírez y Pedro Durán Franco, sino otros que al día de hoy no saben quién los asesinó, información con la que yo cuento” (sic).

Según Colprensa, otro de los crímenes que Suárez Corzo se compromete a esclarecer es el homicidio de Carlos Duarte, exsecretario de Vías e Infraestructura de durante la administración de Corzo, asesinado en abril de 2006, previo a los comicios regionales. Asimismo, Corzo revelaría detalles sobre la muerte del ciudadano Ramiro Agudelo y su esposa. Por último, el condenado parapolítico se comprometió a señalar a los responsables directos de las extorsiones y el robo de tierras a campesinos que sufrieron los habitantes de Cúcuta la década pasada.

Corzo llegó a la alcaldía de Cúcuta en 2004 y se convirtió en el alcalde con la votación más alta en todo la historia (127.000) gracias al apoyo ilegal que recibió de los paramilitares en campaña. “Resultado de ese pacto fue la muerte de Pedro Durán como veedor ciudadano y la ayuda que le brindaron las autodefensas, a cambio del ofrecimiento de puestos en la Alcaldía y de un porcentaje en la contratación”, señala la resolución de la JEP.

Esta jurisdicción indicó que "Suárez Corzo como agente del Estado tercero civil no combatiente, tuvo injerencia y participó en acciones delictivas violatorias del derecho internacional humanitario en el marco del conflicto relacionada con la vinculación estrecha entre la clase política y los actores armados".

Según Colprensa, los magistrados señalaron que hay dos hechos más que no fueron expuestos por Suárez Corso. Se trata de los crímenes de Tirso Vélez y José Agustín Uribe Guatibonza (asesor jurídico de la Gobernación de Norte de Santander) investigaciones penales en las que también es mencionado. Sobre el segundo homicidio la JEP mencionó un testimonio de Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, en la que vinculó a Corzo con la muerte de Uribe Guatibonza.

Por último, los magistrados le recuerdan a Suárez Corzo que “el compromiso programado presentado debe ser ajustado y complementado, siguiendo los parámetros (...) indicar vínculos entre agentes del Estado y otros grupos armados ilegales en la región e indicar alianzas que permitieron el control burocrático de entidades estatales, la afectación de procesos electorales, entre otras conductas delictivas por parte de los grupos paramilitares”.