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La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura excluyó de la profesión al abogado Óscar Vidal Arrieta, quien actualmente enfrenta un proceso penal por participar en el desfalco al magisterio en el departamento de Córdoba mediante la presentación de documentos falsos para que se les autorizará el pago de pensiones a profesores que no cumplían con los requisitos.
El magistrado Ovidio Claros explicó que este profesional del derecho presentó documentos falsos con el único fin de defraudar al magisterio en dicho departamento. Para esto contó con la aprobación de jueces que recibieron dinero para autorizar el pago de 3.000 millones de pesos de manera fraudulenta a los maestros.
“Los maestros tienen derecho a una pensión y a un reajuste en materia pensional, en algunos casos los abogados de manera fraudulenta recogen documentos y poderes, y algunos jueces se prestan para que esos documentos falsos sean aprobados”, precisó el magistrado de la Sala Disciplinaria de la Judicatura.
Consideró que en este caso se conformó una verdadera mafia dirigida a defraudar los recursos públicos administrados de la Fiduprevisora, mediante procesos administrativos - ejecutivos de los docentes. El docente es procesado por los delitos de falsedad en documentos público, prevaricato por acción, peculado por apropiación en favor de terceros en el grado de tentativa y dentro del cual se condenó a la pena principal de 125 meses de prisión y multa de 25.000 SMLMV, por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Montería.
El Juzgado Promiscuo Municipal de Planeta Rica avaló varios procesos ejecutivos laborales, para lo cual varios abogados entre ello el abogado investigado realizaban contratos de “convenio de compensación por gestión de servicios” con prelación al pago de cualquier otra obligación o crédito a través del fraccionamiento de los títulos judiciales y a su vez el Juez quien ya fue sancionado por esta Jurisdicción hacía falsos reconocimientos de ajustes pensionales a docentes y resoluciones de la Secretaría de Educación Municipal sin cumplimiento de los requisitos de la Ley 962 de 2005.
La Judicatura indicó que las conductas endilgadas al abogado, pues es claro que incurrió en actos fraudulentos al suscribir unos “convenio de compensación por gestión de servicios”, con el fin de retirar dineros de los docentes en procesos ejecutivos, conducta esta que confesó y por la cual se encuentra pagando pena de prisión, al declararse culpable de dichos actos y además no ha regresado la suma que retiró que obedece a $4.079.142.666, los cuales estaban destinados por el estado a pagos de docentes.