Exgobernador de Cundinamarca busca rebaja en su condena por el 'carrusel de la contratación'

La defensa del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas le manifestó a la Fiscalía General que actualmente se están adelantando conversaciones con los representantes de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) para fijar la indemnización de los perjuicios causados a dicha entidad en el marco del proceso que se le adelanta por el ‘carrusel de la contratación’.

Debido a esto la audiencia que programa para este lunes, en la cual se iba a conocer el monto de la sentencia, fue aplazada debido a que con el pago de la indemnización a las víctimas acreditadas el exmandatario departamental busca rebajar la sentencia.

La audiencia fue reprogramada para el próximo 1 de septiembre. En la diligencia judicial el juez de conocimiento deberá definir la solicitud de preclusión por indemnización integral por abuso de confianza por el cual reparó con 1.600 millones de pesos. El exgobernador se encuentra actualmente privado de su libertad en la cárcel La Picota.

El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Juan Vicente Valbuena explicó que la defensa del exmandatario departamental ya presentó una solicitud de preclusión por uno de los delitos imputados. “El abogado solicitó un aplazamiento toda una vez que ha tenido conversaciones con al UMV para llegar una indemnización total por todos los delitos y pagar todos los perjuicios”

“Ya pagó una suma de 1.600 millones de pesos a la UMV pero esta no es la indemnización integral (…) Actualmente se están estimando los perjuicios no solamente los patrimoniales sino algunos de carácter moral o de prestigio que ha tenido al Unidad de Mantenimiento Vial por estos delitos, por lo tanto ello son los llamados a saber cuánto es la indemnización para lograr un pago total”, aclaró.

Cruz Vargas aceptó en la audiencia de imputación de cargos celebrada en octubre de 2015 su responsabilidad en los delitos de abuso de confianza calificado, cohecho por dar u ofrecer, tentativa de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Esto por el pago de un soborno de 800 millones de pesos para resultar beneficiado con el contrato 197 de la Unión Temporal Asfaltos que tenía un valor de 25 mil millones de pesos para el reparcheo de la malla vial de la capital de la República.

Estos sobornos tenían como destino a Iván Hernández Daza, director de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) –condenado por estos actos de corrupción administrativa- quien en últimas era el encargado de firmar el contrato en el cual Cruz Vargas tenía un gran interés para que le fuera adjudicado a la firma ICM Ingenieros en la que fungía como representante legal.