Las imágenes recientes de miles de colombianos atravesando el río Táchira mientras huían de Venezuela, con armarios y neveras, como una cruz sobre sus espaldas, revelaron un fenómeno invisibilizado, pero que ocurre desde hace décadas: el éxodo transfronterizo de miles de compatriotas. La nación que ahora los expulsa alguna vez fue el refugio para 200.000 colombianos a los que el conflicto armado interno desplazó de su propia patria con rumbo a ese país, según Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados).
En un refugio en Cúcuta, junto a miles de colombianos expulsados de Venezuela, viven Manuel Díaz*, su esposa y sus dos hijos. A la fuerza regresaron a Colombia, de donde huyeron porque tras sus pasos andaban grupos paramilitares. En 2008, Díaz trabajaba en una finca en Toledo (Norte de Santader). Una vez al mes bajaba al pueblo a hacer mercado y a divertirse. Uno de esos días, mientras veía cómo transcurría un “chico” de billar, dos hombres se le acercaron. En la charla salió a flote que Díaz había prestado servicio militar. El encuentro pareció intrascendente hasta que, tres días después, los mismos hombres llegaron a la finca donde Díaz trabajaba y vivía con su esposa y sus dos hijos.
Los desconocidos le plantearon que por tener conocimiento militar podía convertirse en un líder de estructuras paramilitares que operaban en la zona. Díaz se negó, pero el ofrecimiento se volvió amenaza. Le dijeron que si no se unía a su “causa” tenía 24 horas para abandonar la finca. Díaz se defendió diciendo que no se iría porque no hacía nada malo, simplemente trabajaba la tierra. Los hombres se enfurecieron, agredieron a su esposa y lo golpearon a cachazos con sus armas. Esa misma noche, herido, con sangre brotando de su cabeza, cogió camino con su familia hasta Cúcuta. Pero su esposa, temerosa de que los persiguieran hasta allá, le pidió que cruzaran la frontera.
Así como Díaz, 396.600 personas han abandonado el país huyendo del conflicto. Lo que hace de Colombia el país de América con más refugiados, fuera de sus fronteras. Y el octavo en el mundo, según datos de Acnur en 2013, sólo después de naciones sumidas en guerras civiles agudas como Afganistán, Siria y Somalia. Según la misma entidad, apenas en Ecuador, Venezuela y Panamá hay casi 350.000 colombianos refugiados, si se cuenta a los refugiados de hecho, que no han realizado trámites para que se les conceda formalmente el estatus.
Ese es precisamente uno de los mayores problemas de quienes huyen del país a causa de la violencia. En Venezuela se calcula, por ejemplo, que sólo alrededor de 4.300 colombianos han sido reconocidos oficialmente como refugiados. En una nación desconocida, que se les niegue este estatus les priva de ejercer plenamente sus derechos a la salud, el trabajo, la libre circulación y la propiedad, sostiene el informe “Cruzando la frontera”, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que analiza el éxodo de los colombianos hacia Venezuela como consecuencia del conflicto armado interno.
Así, los refugiados quedan atrapados en una cadena de revictimización, pues quienes padecen el éxodo transfronterizo suelen haber sido desplazados internos que ya vivieron un peregrinaje forzado dentro de un país donde, además, han sido objeto de otro tipo de violaciones a sus derechos por cuenta de actores armados, como el despojo de sus tierras o el asesinato de sus familiares.
Pero a veces ni siquiera el estatus de refugiados los salva de la repetición del calvario. Tras siete años en Venezuela, Manuel Díaz había logrado, a punta de trabajo, rehacer su vida. Construyó su casa y consiguió documentos que los acreditaban, a él y a su familia, como refugiados. Pero el éxodo de la familia se reanudó tras la orden del presidente Nicolás Maduro, a mediados de agosto, de empezar con el cierre progresivo de la frontera.
Díaz y su hermano salieron a trabajar normalmente en una construcción en Las Tapias, en el estado de Mérida, cuando miembros de la guardia venezolana, escondidos en una bodega, los interceptaron antes de llegar a su trabajo. Les pidieron documentos; el hermano de Díaz no los tenía, así que lo montaron a un camión para deportarlo. A Díaz, pese a tener la acreditación de refugiado, le pidieron un soborno de 12.000 bolívares a cambio de no correr la misma suerte.
Díaz no tenía el dinero; llamó a un cuñado de su hermano para que se lo prestara. El hombre, también colombiano, acudió para ayudarlo y los miembros de la Guardia aprovecharon para montarlo también al camión con rumbo a la frontera. El hermano de Díaz regresó a su casa dos días después de haber sido deportado, y de nuevo se cruzó con un integrante de la Guardia que le puso un ultimátum: a la próxima se va para la cárcel. A los Díaz no les quedó sino coger trocha, con sus hijos y esposas, de vuelta a Colombia. “Hemos perdido todo aquí y ahora perdimos allá”, dice Díaz.
Sin duda, las víctimas del éxodo transfronterizo, quienes sufren el dolor que significa abandonar sus trabajos, bienes, seres queridos, formas de vida y hasta su pasado, viven además el desarraigo y la nostalgia. Cruzan fronteras con la esperanza de encontrar un refugio, pero ese anhelo muchas veces termina por convertirse en miedo a ser sancionados o deportados. Miedo que se materializó para alrededor de 20.000 colombianos que han sido expulsados o han abandonado Venezuela desde el pasado 19 de agosto, después del cierre fronterizo.
Así se prolonga el éxodo que en el relato bíblico duró 40 años, pero que para miles de colombianos parece una condena eterna, agudizada, según el informe, por la falta de programas públicos diseñados para aliviar las vulneraciones que sufren los desplazados transfronterizos, una situación que, como le recomienda el Centro Nacional de Memoria Histórica al Estado colombiano, necesita ser corregida con urgencia.
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