La aeronave se fragmentó en pedazos y los cuerpos de los 107 ocupantes quedaron esparcidos en un área de cinco kilómetros sobre el cerro Canoas, en el área rural de Soacha (Cundinamarca).
Después de 26 años, los familiares de las víctimas de este, uno de los actos más violentos de la guerra contra el narcotráfico de los años 80, siguen pidiendo que se haga justicia. En un evento que se realizó en simultáneo en Bogotá, Cali y Medellín, las familias se reunieron y le enviaron un mensaje directo a las autoridades para que las investigaciones y procesos judiciales arrojen resultados.
Para Gonzalo Rojas, director de la Fundación Colombia con Memoria, los años que han pasado desde el atentado han estado marcados por la impunidad pues solo han sido condenadas dos personas. Según las investigaciones que aún siguen vigentes, uno de los puntos centrales que se está tratando de esclarecer es si hubo participación del DAS en la planeación de los hechos, como ocurrió en otras acciones que por la misma época perpetró el Cartel de Medellín o sus principales socios, las Autodefensas de Carlos Castaño.
Lo que la justicia colombiana sí ha podido establecer es que el atentado fue ordenado por Pablo Escobar Gaviria, quien contaba con el respaldo de otros narcotraficantes, para asesinar al entonces candidato presidencial César Gaviria. Pero sus planes fallaron. El político viajó en un avión privado y la bomba, de todas maneras, fue colocada en la silla 15F.
“Debe salir a la verdad quiénes fueron esas personas involucradas y juzgarlas como debe ser”, concluyó Rojas.