Expropiaciones y los otros puntos que no se sabía de la sentencia de la Corte sobre el PND

Que el alto tribunal no se haya pronunciado sobre los efectos de la minería en actividades agrícolas y que propusiera expropiaciones para las víctimas a las que hayan restituido sus tierras, son los primeros "peros" a la decisión.

 La Corte Constitucional recibió aplausos y ovaciones tras la decisión de ponerle un tatequieto al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno el pasado 8 de febrero. Dos de los puntos más celebrados fue que, ante la presencia de títulos mineros, debe prevalecer el derecho al medio ambiente sano y no el derecho adquirido por las licencias ambientales, y que quedaba prohibida la actividad minera y de hidrocarburos en los páramos del país. La semana pasada se conoció por fin los detalles completos de la decisión de la Corte, en la que existen ciertos puntos que aplacarían las felicitaciones al alto tribunal.

Los pormenores están en la sentencia C-035 de 2016, un documento de 150 páginas, en el que los magistrados del alto tribunal conformaron un juicioso y ordenado debate para resolver la demanda que varios ciudadanos, encabezados por el senador, Alberto Castilla, la presentaron en junio pasado. El trabajo de la Corte está separado en tres temáticas fundamentales: la primera, para tratar el tema de las Áreas de Reserva Estratégicas Minera (AEM); la segunda para hablar sobre los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINE); y la tercera dedicada a la delimitación de páramos y a las actividades extractivas que allí se pretendían realizar.

Uno de los primeros puntos que causó extrañeza está relacionado con las Áreas de Reserva Estratégicas Minera. Según la corporación, los demandantes aseguraron, entre otras cosas, que las AEM y los títulos mineros que podía adjudicar resultaban ser una amenaza en contra de los derechos a la alimentación y a un medio ambiente sano, pues la explotación minera afecta directamente el suelo en el que se desarrollan actividades agrícolas y de agricultura. Sin embargo, el alto tribunal explicó que las peticiones de los demandantes eran solamente suposiciones que se había hecho tras una mala lectura del PND pues, en ningún párrafo del proyecto se afirmaba que los territorios en cuestión tenían implicaciones a la vida de los agricultores, trabajadores rurales y al medio ambiente.

“Es preocupante que la Corte no haya decido frente a este punto, pues consideramos que cualquier actividad minera que se haga en un suelo productivo, afecta directamente las actividades que de ahí se puedan desarrollar. Ahora los suelos seguirán compitiendo para ser productores de bienes de la agricultura o de la minería”, explicó el senador Alberto Castilla. Si bien los magistrados María Victoria Calle y Luis Ernesto Vargas salvaron el voto en este punto, la mayoría de la sala le dio el visto bueno a las AEM.

El segundo punto que causó desazón es el que trata sobre Proyectos Estratégicos de Interés Nacional (Pines) y la posible violación a los derechos las víctimas del conflicto armado a una restitución de tierras. En el artículo 50 del PND, declarado como inconstitucional por la Corte Constitucional, el Gobierno propuso que en terrenos adjudicados para el desarrollo de Pines, no se podía realizar ninguna actividad de restitución de tierras pues, aseguraban, debía prevalecer el beneficio que podían traer los proyectos estratégicos y, a cambio, se les daría otro terreno en un lugar diferente o una indemnización.

El Alto Tribunal en su sentencia protegió los derechos de los afectados por la guerra a tener una reparación directa y dijo que no era válido que los intereses económicos estuvieran por encima de los de las víctimas. Aunque la protección a esta población es lo primordial para la Corte, en este aparte de la ponencia, los magistrados plantearon una estrategia para que el Gobierno no frene en seco la locomotora minero-energética y sus planes de crecimiento de la infraestructura del país.

La propuesta del Alto Tribunal es que una vez se realice el proceso legal de restitución y las víctimas vuelvan a sus tierras, exista la posibilidad de expropiar legítimamente y con el debido proceso los terrenos que podrían resultar esenciales para el desarrollo de un PINE. “Lo que hizo la Corte fue proteger el derecho al debido proceso de todos, tanto de las víctimas como del Gobierno que está buscando la manera de ampliar el crecimiento del país”, dijo Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Tierras.

Para la Unidad que dirige Sabogal, la sentencia no afecta ninguna parte de su trabajo. Pero existe una preocupación dentro de ciertos sectores que participaron en el debate de la Corte. "No se puede celebrar un triunfo absoluto pues, a pesar de que protegieron del derecho que tienen las víctimas de regresas a sus tierras, el hecho de que haya propuesto la expropiación como una solución para desarrollar los PINES, sienta un precedente constitucional en el que a cualquier víctima se le pueden expropiar sus terrenos”, señaló el Colectivo José Alvear Restrepo.

Según la sala, las autoridades públicas pueden acceder a los predios de las víctimas sin afectar sus derechos fundamentales a acceder a la resituación del bien que fueron despojadas y a ser tratados en igualdad de condiciones con los demás colombianos. Pero es grave, agregan miembros del grupo que presentó la demanda, que la lectura de la Corte no tenga en cuenta que con esta recomendación se está revictimizando y que es equivocado decir que, una vez reparadas las víctimas, se convierten en personas iguales a cualquier otra y, bajo esta condición, se les puede someter a un proceso de expropiación.

Mientras se siguen conociendo otras reacciones a las 150 páginas de la sentencia, en el que además todos los magistrados presentaron aclaración o salvamento parcial del voto, exceptuando a Jorge Pretelt que estuvo ausente el día de la deliberación, los primeros comentarios apuntan a que la victoria no fue tan rotunda como se celebró en un comienzo.