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El exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, se rehusó a aceptar los delitos que le endilga la Fiscalía: concierto para delinquir agravado y omisión de denuncia. El primero porque, supuestamente, desde su cargo en la Alcaldía trabajaba en un decreto para tratar de beneficiar a la Oficina de Envigado, e incluso a otros "combos" de la ciudad", con un proceso de sometimiento a la justicia. Y el segundo porque, presuntamente, la empresa de su familia fue objeto de una extorsión y él, en vez de denunciarlo ante las autoridades, arregló el asunto por debajo de la mesa con los extorsionistas directamente.
En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía explicó que gracias a que desde el año pasado se interceptó la línea telefónica de Julio Perdomo, un desmovilizado de las AUC que terminó involucrado con la Oficina de Envigado, se pudo establecer que este tenía una comunicación constante con el entonces secretario de Seguridad. Los mensajes, aseguró la Fiscalía, iban y venían por medio de un intermediario: el exguerrillero del Eln Mariano Zea Ospina, quien en 1997 resultó condenado a 25 años de prisión por el secuestro de la alemana Brigitte Shoene. Zea tuvo en 2016 un contrato para trabajar en un convenio interadministrativo entre la Institución Universitaria ITM y la Secretaría de Seguridad de la capital antioqueña.
Perdomo, relató el fiscal del caso, fue capturado en abril pasado y en interrogatorio “dijo de manera clara y específica que ha mantenido reuniones permanentes con el señor Gustavo Villegas” (…) y señala más de 20 eventos donde se evidencia ese acuerdo (de voluntades) que se presenta entre los integrantes de dicha banda delincuencial (la Oficina de Envigado) y el señor Gustavo Villegas”. Perdomo es un desmovilizado del bloque Cacique Nutibara, cuya dejación de armas, en 2003, ayudó a coordinar el propio Villegas.
La hipótesis de la Fiscalía es que Villegas, buscando el sometimiento de bandas criminales de su ciudad, terminó enlodado con ellos. Al punto que, cuando una empresa de su familia llamada Surtialimentos fue extorsionada por un “combo” en el barrio Santo Domingo Savio, Villegas habría recurrido a Julio Perdomo, a través de Mariano Zea, para contactar al jefe de la banda que tenía bajo su control esa zona de Medellín y llegar a un acuerdo. Villegas, por su parte, negó haber cometido alguna irregularidad. De hecho, su abogado Andrés Felipe Arango le reclamó a la Fiscalía que le imputara ese cargo cuando justamente Villegas y su familia habían sido víctimas de un delito.
Luego, Diego Alejandro Gaviria, abogado de Mariano Zea, señaló que podía incurrir en un posible conflicto de intereses y renunció a defender al exguerrillero del Eln. "Si la imputación (contra Gustavo Villegas y Mariano Zea) va dirigida a esa actividad de promoción de un proceso de pacificación de la ciudad de Medellín, pues yo estaría implicado en esa actividad, además orgullosamente", expresó, señalando que él había participado en actividades académicas sobre el sometimiento a la justicia de las bandas criminales de la ciudad.
Por esa razón, haber participado en el decreto que buscaba el sometimiento de las bandas criminales de Medellín, los abogados que representaban a Mariano Zea renunciaron a defenderlo. Son Alejandro Gaviria y Diego Gaviria. Este último es hermano de Jorge Gaviria, quien fue el coordinador del programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Sergio Fajardo mientras Villegas ejercía como secretario de Gobierno de la misma administración. Tanto Diego como Jorge Gaviria son, a su vez, hermanos del senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria.