Ante la Procuraduría General, la defensa del excongresista Eduardo Carlos Merlano radicó una acción judicial en la que pide que se anule el fallo emitido por el Ministerio Público en el cual fue destituido de su cargo e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.
El excongresista argumenta que el Ministerio Público violó su derecho al debido proceso, indicando que se desconoció su juez natural y se le impidió hacer de manera adecuada su defensa en el proceso que se le adelantó por el cargo de tráfico de influencias por los hechos registrados el pasado 13 de mayo en la ciudad de Barranquilla.
En la acción judicial revelada por La FM, el exsenador le solicitó además al Congreso de la República el reconocimiento de todos los sueldos, prestaciones sociales y demás beneficios que ha dejado de recibir durante después de la sanción disciplinaria.
En este sentido se solicita el pago de una suma de 27 millones 130 mil pesos que hacen alusión al salario básico mensual, gastos de representación, prima de locación y prima de salud.
La decisión de la Procuraduría
El pasado 16 de octubre, la Procuraduría General consideró que el senador del partido de la U incurrió en una falta gravísima al interferir ante un grupo de patrulleros, usando su investidura para que no le inmovilizaran su vehículo privado.En este sentido, se señaló que Merlano Morales incurrió en una falta disciplinaria puesto que usó su cargo de manera indebida para evitar una sanción por parte de los patrulleros, quienes lo pararon en un retén cuando presuntamente estaba manejando bajo los efectos del alcohol.