Arturo Mojica, director de la Corporación Colectivo de Abogados Opción Jurídica aseguró que existen graves falencias en la aplicación de mecanismos para garantizar la reparación integral de las víctimas del paramilitarismo en Colombia.
El jurista hizo expresa referencia a la condena emitida en contra del excomandante del Bloque Catatumbo de las AUC, Salvatore Mancuso Gómez y otros postulados a ocho años de prisión por su responsabilidad en más de 30 delitos cometidos en el departamento de Norte de Santander.
En este caso específico aseguró que el Bloque Catatumbo tiene en su haber más de 10 mil víctimas, sin embargo en el fallo emitido el pasado viernes 31 de octubre se trataron 113 hechos entre los que se encuentran homicidios, desapariciones forzadas, torturas, “entre otros vejámenes”.
“Va a ser una burla, una pena de ocho años de prisión a criminales de lesa humanidad y las víctimas no van a recibir reparación, ni justicia, ni verdad”, precisó Mojica al señalar que pese a que la Sala de Justicia y Paz calculó en la sentencia un perjuicio superior a los 1.000 salarios mínimos legales vigentes la ley 975 de 2005 fija unos topes.
“Lo que uno podría considerar es que son sentencias solamente para enmarcarlas, toda vez que no se pueden hacer efectivas en su totalidad”, expresó el abogado al indicar que la Ley de Justicia y Paz le entregó a la Unidad de Reparación de Víctimas un límite de 40 salarios mínimos legales vigentes.
Ante esto manifestó que se podría presentar un caso similar al que se registró con las víctimas del excomandante paramilitar Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’ que pese a que ya se emitió un fallo éste no se ha cumplido a cabalidad en la reparación a las víctimas del grupo que comandaba en Norte de Santander.
Por estos hechos fue radicada una denuncia en contra de la directora del Fondo Nacional de Reparación de Víctimas por el delito de prevaricato por acción y fraude a resolución judicial. Los representantes de la parte civil esperan que con la condena contra Salvatore Mancuso Gómez no se repita el desconocimiento a los derechos de las víctimas, recordando que existe un compromiso de la Sala para velar por el cumplimeitno de la reparación económica.