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La presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso explicó los alcances de la decisión tomada por la Sala Plena del tribunal de lo contencioso administrativo este miércoles al negar por improcedente la acción de tutela radicada por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro en contra de la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.
Los magistrados acogieron los argumentos esgrimidos por la ponencia de Alfonso Vargas Rincón que considera que el burgomaestre tenía otros recursos jurídicos para tumbar el fallo emitido por el Ministerio Público, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho “igualmente efectivo e idóneo para la defensa de sus derechos (...) Solamente se falló la tutela interpuesta por el señor alcalde de Bogotá”.
Sin embargo, pese a esto los efectos del fallo del Ministerio Público sigue suspendido por el momento, puesto que el alto tribunal no ha entrado a estudiar ni a debatir las otras 22 tutelas radicadas por los seguidores del mandatario distrital. “Estamos muy pendientes de la necesidad de presentar una decisión lo más pronto posible“.
“El otro grupo de tutelas interpuesta por personas distintas al alcalde van a ser estudiadas por el mismo ponente a quien le correspondió la ponencia del día de hoy, él tendrá la decisión de ver si acumula o no en un solo proyecto todas esas acciones, porque hay que mirar en todos los casos cuáles son los derechos que se consideran afectados”, precisó la magistrada.
Y es que en este tipo de casos se debe examinar caso por caso los argumentos esgrimidos en las diferentes acciones ya que los tutelantes pueden presentar diferentes razones sobre la forma en cómo se vieron vulnerados sus derechos. Por lo que el ponente tendrá que resolver en los próximos días la unificación de las mismas o la resolución individual.
“El fallo de la Procuraduría General sigue suspendido porque esa decisión fue tomada en otros fallos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que son los que el Consejo va a entrar estudiar próximamente en impugnación”, precisó la magistrada Rojas Lasso frente a los alcances de la decisión que se dejó en firme este miércoles.
Se espera que en las próximas dos semanas se inicie el debate jurídico frente a estas acciones judiciales, por lo que antes de la convocatoria ante una posible revocatoria del mandato de Petro se conocería una decisión de fondo al respecto en el Consejo de Estado.
Las facultades de la Procuraduría
En el debate jurídico, que duró seis sesiones, el alto tribunal tuvo en cuenta las facultades que tiene la Procuraduría General para investigar disciplinariamente y, si es el caso, emitir sanción disciplinaria en contra de los funcionarios elegidos por voto popular.
En este caso se tuvo en cuenta el fallo emitido por la Corte Constitucional en el caso de la exsenadora liberal, Piedad Córdoba en contra de la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General. “Se evidenció que el procurador General si es competente para adelantar procesos disciplinarios y destituir a los funcionarios”.
“En términos generales el recurso de procedbilidad se exige cuando hay de por medio un interés económico, si el alcalde pretende la nulidad de la decisión del Procurador no tendría que ejercer previamente este requisito de procedibilidad. Podría venir directamente de la justicia contenciosa administrativa y solicitar una medida cautelar para que se le protejan sus derechos”.
Finalmente la magistrada señaló que se ha enviado un mensaje a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional que aquí la justicia si funcional. “La Comisión Interamericana debe tener en cuenta lo que está haciendo el juez natural en el país”.