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Judicial 10 Nov 2012 - 9:10 pm

Las vueltas de un expediente sobre Pablo Joaquín Rayo Montaño

Fallo deja en el limbo fortuna de un capo

Por decisión del Tribunal de Bogotá, la suerte de los bienes del clan familiar del narco quedó en veremos.

Por: Elespectador.com
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El multimillonario patrimonio ilegal obtenido por un clan mafioso que ajusta casi tres décadas de andanzas en el narcotráfico, que ya había sido objeto de extinción de dominio por parte de la justicia, está nuevamente en veremos por cuenta de un reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá que anuló todo lo actuado. La fortuna del cuestionado grupo familiar del capo Pablo Joaquín Rayo Montaño, representada en lujosos apartamentos y locales comerciales en Cali, Bogotá y Cartagena, costosos automóviles y acciones en importantes sociedades del Valle del Cauca, está de nuevo en litigio. Una decisión que causó roncha en altas esferas judiciales y que tiene preocupado al gobierno Santos.

Entre los preparativos para la instalación de la mesa de negociación con las Farc en La Habana (Cuba) o las grietas de un paro judicial que aún no termina de levantarse después de más de un mes de cese de actividades, la sentencia proferida por el Tribunal de Bogotá el pasado 29 de agosto pasó de agache para la opinión pública. En esencia, esa corporación anuló el fallo de un juez de Bogotá que en marzo de 2011 ordenó la extinción de dominio de 78 inmuebles, 14 carros, tres motonaves y acciones en 12 empresas del Valle del clan Rayo Montaño y su organización. Un expediente que ajusta 13 años dando vueltas en distintos despachos judiciales y que hoy afronta un nuevo escollo.

La tesis del Tribunal para tumbar el caso y devolverlo a la Fiscalía es que el ente investigador no explicó suficientemente bien las causales por las que consideraba procedía la extinción de dominio al clan Rayo Montaño. En su concepto, esto vulneró el derecho al debido proceso del grupo familiar porque no les permitió saber a ciencia cierta las razones por las cuales les iban a quitar sus bienes. Un tecnicismo jurídico que tiene a más de un experto en la materia muy molesto, al Gobierno haciendo cuentas y a la Fiscalía incómoda. Entre otras razones porque la justicia está llena de argumentos para quitarle los bienes a una organización que tiene probados vínculos con el narcotráfico. Pablo Joaquín Rayo Montaño, a quien intentaron relacionar en su momento con el jugador de fútbol Freddy Rincón, fue capturado en 2006 en Brasil y requerido en extradición por una Corte Federal de Estados Unidos.

Al margen de estas pruebas, el Tribunal de Bogotá, con ponencia de la magistrada Nelly de Jesús Mena Murillo, consideró lo siguiente: “El fundamento para extinguir el dominio fue que los bienes cuestionados atienden a su origen, en otras palabras, que emanan directa o indirectamente de una actividad ilícita. A lo que debe adicionarse para este asunto el menoscabo de la moral social por la dedicación de la empresa familiar Rayo Montaño a las actividades del narcotráfico; empero, ello no es suficiente para comprender como protegida la garantía fundamental al debido proceso y al correcto ejercicio de su derecho de defensa, dado que al no tener un claro referente jurídico no es posible diseñar una estrategia defensiva”.

Con este argumento –“una leguleyada” en criterio de analistas consultados por El Espectador– el Tribunal borró de un plumazo la investigación que durante más de una década adelantó la Fiscalía, en su último momento representada por la fiscal de extinción de dominio Vilma Mediorreal y avalada por el juez 14 de conocimiento de Bogotá. Así las cosas, el Estado tendrá que volver a edificar el proceso de extinción de esta cuestionada fortuna. Casi 13 años le tomó a la justicia llegar hasta este punto para volver a empezar casi de cero. Mientras tanto las propiedades de la familia Rayo Montaño siguen en manos de la Dirección de Estupefacientes.

La historia de un capo

Pablo Joaquín Rayo Montaño fue detenido en Brasil junto con 39 de sus presuntos colaboradores en desarrollo de la operación ‘Océanos Gemelos’, realizada en el año 2006 por la Policía de Brasil, Colombia y Panamá, con la colaboración de autoridades de los Estados Unidos. Con ella se desmanteló una organización que, como la misma DEA confirmó, llegó a poseer una gran cantidad de embarcaciones que enviaron a Norteamérica y Europa más de 25 toneladas de cocaína.
Una organización que estaba vinculada con carteles mexicanos de la droga y con narcotraficantes del Caribe. Según las pesquisas de agentes federales y de la Policía de Colombia, esta mafia se valía de conexiones en Centroamérica y de una intrincada red de lavado de activos y enlaces en Brasil, Panamá y Estados Unidos para evadir la mano de las autoridades. Durante años se documentaron las rutas, aliados y movimientos financieros de un cartel que se convirtió en prioridad para las agencias del país del norte. Pronto fue decantándose su influencia e infiltración. Hoy se sabe que el clan Rayo Montaño construyó un ‘narcoemporio’ que continúa a la espera de que se formalicen nuevas decisiones judiciales para arrebatárselo.

En un comienzo, Rayo Montaño dirigió su organización desde Colombia. Luego emigró hacia Panamá, donde amasó, según las autoridades, una fortuna de US$78 millones. De ahí saltó a Brasil, donde finalmente fue capturado. Sin embargo, Pablo Joaquín no es el primero de su familia en tener líos con la justicia. A los Rayo Montaño se les viene mencionando en distintos expedientes desde 1984, cuando el cartel de Medellín de Pablo Escobar Gaviria patrocinaba la violencia desbordada contra el Estado, en esa cruzada horripilante que el país conoció bajo el título ladino de “Los Extraditables”.

Precisamente en 1984 Pedro Pablo Rayo Montaño, hermano de Pablo Joaquín, fue vinculado a una investigación porque, al parecer, estuvo detrás del envío de una valija cargada de cocaína a Europa y que fue a parar a la Embajada de Colombia en España. No obstante, las autoridades creen que él y su hermano Jaime Humberto Rayo Montaño, asesinado en Barranquilla en el año 2000, se movían en el mundo criminal desde 1976 e, incluso, que habrían tenido estrechos vínculos con el cartel de Cali de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.

Antes de morir, Jaime Humberto Rayo Montaño fue condenado a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito. Por su parte, Pedro Pablo permaneció recluido durante 56 meses en Estados Unidos. Otros miembros de la familia que han sido procesados, aunque posteriormente absueltos, fueron María Luisa Rayo, Sara Maritza y Yolanda Rayo Montaño. Todas ellos alcanzaron a ser recluidas, pero los procesos en su contra no prosperaron. A ese clan en problemas habría que agregar los nombres de Cristóbal Castillo Castro, el conductor de Pablo Joaquín Rayo Montaño, a quien se le alcanzó a abrir un proceso que no cuajó, y el de Sandra Orozco Gil, la exesposa del capo, capturada junto a él durante la operación ‘Océanos Gemelos’.

Evidencias, documentos y declaraciones redundaron en que la Dirección Nacional de Estupefacientes tomara posesión de las propiedades del clan Rayo Montaño en 1999. Después se ordenó la extinción de dominio de los bienes inmuebles y automóviles de la familia, y de las acciones del clan en las sociedades Rapicambio Finanzas del Futuro, Comercializadora Isaura, Lavautos del Futuro, Droguería Rockefeller, Parqueadero de Automotores Raymond, Orozco Rayo Asociados, Extrusiones del Valle, Inversiones Amigos del Pacífico, Rayo Manrique Asociados y Comercializadora Yoramo.

Respecto a estas últimas, la Fiscalía aseguró que funcionaron como fachada para mostrar como legales los recursos que esta organización obtuvo de negocios ilícitos. En una de estas sociedades, para no ir más lejos, se descubrió que tenía como principal accionista a un niño de dos años de edad. Otros miembros del grupo familiar adujeron actividades personales para explicar su fortuna. Sandra Orozco Gil, por ejemplo, dijo que se había enriquecido debido a su divorcio con Pablo Joaquín Rayo Montaño. No obstante, nunca allegó documentos que así lo demostraran. Por su parte, una sobrina del capo, Mónica Luz Rayo Molinero, sostuvo que sus recursos se los debía a su carrera como modelo. Tampoco presentó pruebas que lo demostraran.

Hoy un caso que parecía resuelto por la justicia volvió a enredarse. La preocupación del gobierno Santos es mayúscula. Y agencias de Estados Unidos se preguntan qué pudo haber fallado en este episodio. La controversia está servida.

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