Falsos positivos como crímenes de guerra, controvertida propuesta

De acuerdo con el procurador Alejandro Ordóñez, las ejecuciones extrajudiciales deben ser consideradas crímenes de guerra y ser incluidas en una hipotética justicia transicional. / Archivo

“Los falsos positivos son crímenes de lesa humanidad, no de guerra. El procurador Alejandro Ordóñez debe esclarecer su postura porque, por una parte, señala que no debe haber amnistías producto de los diálogos de paz pero, por otro lado, al parecer, da un giro para proponer un tratamiento especial para los delitos cometidos por agentes del Estado”. Así se refirió el congresista Iván Cepeda a las declaraciones dadas por el jefe del Ministerio Público a la periodista María Isabel Rueda en El Tiempo, en las que asegura que las ejecuciones extrajudiciales deben ser consideradas crímenes de guerra y ser incluidas en una hipotética justicia transicional para uniformados.

“Creo que hay motivos de sobra para incluirlos; lo advertí desde el año 2010, cuando me pronuncié frente a la intervención del Ministerio Público en esos casos, señalando que estos crímenes deben abordarse desde el Derecho Internacional Humanitario como homicidio en persona protegida, lo cual supone su reconocimiento como crímenes de guerra. Afirmar lo contrario sería violar el principio de igualdad, porque excluiría crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado, estableciendo crímenes de guerra de primera y segunda categoría”, dijo el procurador en diálogo con la periodista.

Las declaraciones de Ordóñez se dieron después de que el fiscal general, Eduardo Montealegre, dijera que era partidario de que los militares fueran incluidos dentro de la justicia transicional y se pensara en la posibilidad de penas alternativas o la suspensión de las penas para uniformados involucrados con hechos que estén estrechamente ligados con el conflicto. “Si queremos construir una paz estable y duradera, hay que incluir a todos los actores del conflicto, y desde el punto de vista del DIH los militares lo son”. Pero, a diferencia de Montealegre, Ordóñez, en este caso, sí equiparó la posibilidad de que los militares responsables de los falsos positivos de Soacha sí puedan ser juzgados por delitos de guerra y no por delitos de lesa humanidad. La pregunta es, ¿qué tienen que ver con el conflicto los indefensos jóvenes de Soacha que fueron reclutados y posteriormente asesinados en Ocaña? Ahí está el centro del debate.

Hace poco el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseveró que “nadie puede imaginarse un escenario de paz en el país donde se ofrezcan ciertos tipos de beneficios y ventajas para los grupos criminales, y no se pueda considerar que algún tipo de beneficio pueda darse para miembros de la Fuerza Pública que en el marco del conflicto cometieron algún acto que merezca un castigo”. De lo dicho por Montealegre y Pinzón se desprende la posibilidad de que los uniformados sean incluidos en un marco de justicia transicional por graves delitos cometidos en razón del conflicto. Los falsos positivos, en ese caso, no son considerados como actos del servicio ni crímenes de guerra, como apunta el procurador Ordóñez.

Al respecto, el abogado Jorge Molano, que ha hecho parte de varios procesos por falsos positivos como representante de las víctimas, le dijo a este diario que le “preocupa que el señor procurador esté buscando amnistías por la puerta de atrás. Tememos que quieran que estos crímenes sean objeto de amnistías. De esta forma se estaría validando que la Justicia Penal Militar sea la que conozca de estos hechos. Es una violación de los derechos de las víctimas”. En criterio de Molano lo grave es el doble discurso del procurador: por un lado asegura que el derecho internacional prohíbe cualquier amnistía para los miembros de las Farc, por lo que está insistiendo en que tienen que reparar a las víctimas y pagar cárcel. Pero, por el otro lado, según Molano, pretende equiparar los crímenes de guerra con los falsos positivos cometidos por agentes del Estado.

La discusión no es menor si se tienen en cuenta los diálogos en La Habana entre el gobierno y las Farc y que algunas organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, han alertado que las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, aunque se han reducido, continúan. De acuerdo con esta entidad, cerca de 1.741 personas han muerto por cuenta de ejecuciones extrajudiciales desde hace 27 años.

A inicios de este año, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, alertó en un informe que entre octubre de 2012 y enero de este año, se recibieron varias denuncias “relacionadas con el uso excesivo o indebido de la fuerza por los militares”. Y rechazó la que, en su criterio, ha sido una respuesta inadecuada por parte de las autoridades. “Considerando la magnitud de la crisis de los falsos positivos, son muy pocos los responsables que han sido retirados del servicio o procesados. Altos funcionarios vinculados a estos crímenes contra los derechos humanos continúan en servicio activo y siguen siendo ascendidos. La Fiscalía General ha acumulado denuncias, entre ellas las relativas a 4.716 víctimas de homicidios presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Militares”.

Y agregó la ONU: “De todas las investigaciones de homicidios, solo hay procesos activos conocidos en un 30% de ellas. De los casos abiertos, la gran mayoría no han superado la fase preliminar de la investigación criminal: más del 60% de las causas activas (unas 1.000) están en la fase de indagación preliminar (que precede a la fase de investigación formal); y para agosto de 2012 solo habían llegado a la fase de juicio oral (juzgamiento) o estaban vistas para sentencia 294 causas. Dada la naturaleza de estos delitos cometidos por agentes estatales, a medida que pasa el tiempo es cada vez menor la capacidad de establecer la responsabilidad penal en estos casos y la impunidad se vuelve sistémica”.

Fuero Penal Militar

La misma Navy Pillay, en diálogo con El Espectador el pasado 25 de abril, expresó que estaba “muy decepcionada” por la aprobación del Fuero Penal Militar porque, en su criterio, esto podía afectar las investigaciones para dar con los responsables de graves delitos cometidos por uniformados. Así lo dijo desde Ginebra, Suiza, mientras en esa misma ciudad Colombia presentaba su Examen Periódico Universal sobre la situación humanitaria en el país. En ese mismo lugar, el viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, informó que, a pesar de las críticas, el gobierno no iba a retirar su respaldo al Fuero Penal Militar, que ya ha sido demandado ante la Corte Constitucional en varias ocasiones.

De hecho, la Corte Constitucional ya aceptó una de esas demandas, presentada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo porque, en su criterio, el fuero es contrario a “los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las personas víctimas de crímenes de Estado cometidos por miembros de la fuerza pública al no ser el tribunal militar el juez natural para conocer de tales delitos”. El alto tribunal se apresta a estudiar esta demanda.

Las declaraciones del procurador respecto de los diálogos en La Habana y la justicia transicional han generado gran controversia. Incluso, le han producido roces con el fiscal Eduardo Montealegre. Ahora, lo dicho por el jefe del Ministerio Público sobre los falsos positivos reabre este candente debate. Aunque para el congresista Iván Cepeda la discusión ya está dada: “El Derecho Internacional Humanitario ya ha dicho que los falsos positivos son delitos de lesa humanidad y no crímenes de guerra. Eso no debe cambiar”, concluyó.