Debido a su fallecimiento en 2003 del excontralor General, Rodolfo González García serán sus familiares los que tengan que pagar más de 800 millones de pesos tras la condena emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado por el despido injustificada de una funcionaria en 1987.
El tribunal de lo contencioso administrativo indicó que el entonces contralor General destituyó, de manera injustificada a una funcionaria que laboraba en Miami (Estados Unidos). Se comprobó que González le pidió su carta de renuncia poco antes de cumplir dos años de labores.
Pese a que cumplía con el periodo que la hacía acreedora de beneficios económicos. Ante la respuesta de la funcionaria, que manifestó su renuncia pero solo después de cumplir los dos años, el Contralor procedió a declarar su insubsistencia y retirarla del cargo, nombrando en su remplazo a una persona que no cumplía los requisitos del cargo.
El alto tribunal explicó que en el presente caso se demostró que la conducta del funcionario fue dolosa, por cuanto su decisión tenía como propósito que la demandante no cumpliera los dos años de servicio en el exterior, aunque se trataba de un cargo de libre nombramiento y remoción.
“Pone de manifiesto la intención positiva de afectar los derechos de la exservidora e impedir que accediera al tiempo de servicio que le garantizaba unos beneficios adicionales. Interés personal, que no consulta las razones del buen servicio ni las normas constitucionales y legales. Conducta a todas luces censurable que deberá sancionarse, pues deja al descubierto la presión indebida ejercida sobre la exservidora para obtener su renuncia inmediata y, como no fue así, proceder a desvincularla en represalia. Conducta dolosa del funcionario que no admite duda”, señala.