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Al cumplirse tres años de la desaparición forzada y posterior asesinato del Director de la Oficina de Córdoba, Jairo Alberto Zapa Pérez, sus familiares, manifestaron su rechazo sobre la forma en la que se viene desarrollando el proceso penal que busca esclarecer el crimen del ingeniero y sancionar a los responsables de los mismos.
“No se encuentra explicación ni justificación alguna para que después de treinta seis meses, el proceso haya avanzado muy poco y hoy se encuentre en un estado de absoluta parálisis. Pareciera que esta dilación busca generar conformismo para que las víctimas y comunidad en general borremos de nuestras memorias este horrendo suceso”, manifestó Fausto Zapa, padre del funcionario asesinado.
También manifestó que no alcanza a entender cuáles son las causas “ocultas y poderosas” que mantienen, según Fausto Zapa, estancado el avance del caso. “Poco o nada ha valido las numerosas constancias y denuncias que sobre esta situación las víctimas hemos dejado ante las distintas autoridades competentes y los medios de comunicación”.
En el pronunciamiento de Fausto Zapa queda de manifiesto el inconformismo, desesperanza y desconfianza que siente su familia en este momento. “(…) En un país donde la credibilidad en las autoridades se desvanece, pues los resultados esperados de verdad y justicia se estrellan contra una inmensa muralla de contención”señaló.
Por ultimo Fausto Zapa aseguró que la hoy la justicia les está dando la espalda pero que van a seguir insistiendo para esclarecer los hechos. “No vamos a desfallecer ni un solo instante en nuestro propósito de obtener verdad y justicia frente a lo que le hicieron a nuestro familiar, causa en la que esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad”, puntualizó el padre de Jairo Zapa.
El crimen
Jairo Zapa fue desaparecido de manera forzada y asesinado en marzo y agosto de 2014, respectivamente. El funcionario regional, quien fue encontrado a pocos metros de una finca del padre de Alejandro Lyons Muskus (entonces gobernador de Córdoba y el jefe del funcionario asesinado), manejó la oficina de regalías de ese departamento desde 2012 y estaba a cargo de los proyectos más importantes en materia de ciencia y tecnología, seguridad alimentaria, transformación digital y acueductos en las subregiones del San Jorge, la zona costera y el bajo Sinú.
Desde el homicidio, su familia ha sido blanco de amenazas, llamadas extorsivas y allanamientos ilegales por parte de desconocidos. Para salvaguardar su integridad, la familia del funcionario asesinado tuvo que abandonar Montería y por temas de seguridad no se conoce su paradero. La esposa de Zapa y sus hijos no les quedó más remedio que salir del país a raíz de la delicada situación de seguridad que empezaron a vivir.
Por tal motivo, el 14 de febrero de 2017 el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas exigió que de manera “inmediata” el Gobierno colombiano le brinde las medidas de seguridad necesarias a la familia del funcionario asesinado, cuyo crimen no se ha resuelto aún. Asimismo, esa dependencia de la ONU le pidió al Gobierno que convoque con urgencia a los familiares de Zapa, en aras de “realizar, con su participación directa, una evaluación actualizada y real de su situación de riesgo”, la cual fue calificada por las autoridades colombianas en octubre de 2016 como “ordinaria”.