El fiscal General, Eduardo Montealegre, ni siquiera lo duda: el trabajo de Natalia Springer, dice él, fue y sigue siendo de gran utilidad para la Fiscalía. En entrevista con este diario, el alto funcionario aseguró que la metodología usada por la firma Springer Von Schwarzenberg es revolucionaria en el país y en Latinoamérica, y que seguirá confiando en su trabajo a ojo cerrado.
Usted aseguró que el método de la firma de Natalia Springer es revolucionario. ¿Por qué?
El método no se lo inventó Natalia Springer, son instrumentos que se utilizan en tribunales internacionales frente a violaciones masivas de derechos humanos. Es un modelo que está aplicando, por ejemplo, la Corte Penal Internacional en dos casos: el de Sudán del Sur, con el grupo terrorista Boko Haram, y el de Siria. La esencia son los métodos matemáticos y ciencias exactas en la investigación penal.
Si no es nuevo, ¿por qué es revolucionario?
Es revolucionario para Colombia y Latinoamérica. Un ejemplo del trabajo de Springer es que cogió el universo de secuestros cometidos en Colombia de 1964 a 2014. Analizó un universo de 70.000 secuestros ocurridos durante esa época e hizo un estudio sobre la posibilidad de que hay 12.000 en los que las Farc serían responsables. Pero resulta que de ese universo también hay 50.000 secuestros que no se tiene conocimiento de quién es el autor. Imagínense ustedes la imposible tarea de establecer las autorías individuales de estos secuestros.
¿Esas cifras las descubrió Natalia Springer o ya existían?
Son las cifras que aporta la investigación de Natalia. Hay que establecer patrones. Por ejemplo, encontramos que había un patrón entre las víctimas: entre 35 y 40 años, de profesión ganaderos o comerciantes. Introduciendo esos patrones se cruzaron todas las variables –como personas confinadas en el área del Cagúan, contratación de terceros para secuestrar o de terceros que vendían secuestrados a las Farc–. Eso muestra la posibilidad de que, además de esos 12.000 secuestros, las Farc podrían ser responsables de otros 30.000.
¿Por qué se contrató a Natalia Springer?
La Fiscalía no tiene la capacidad de poder hacer ese tipo de análisis sobre la base de métodos matemáticos. Aquí nosotros no estamos inventando nada. Es un debate de más de 50 años en el derecho penal, de cómo utilizamos el cálculo y la estadística. Lo más importante del trabajo de Natalia Springer es el aporte en la utilización de esta nueva metodología matemática.
¿Por qué es importante este modelo para la paz?
El país debe llegar a un modelo de justicia transicional en el que haya un cierre definitivo de todas las investigaciones contra todos los actores del conflicto. Es decir, que a futuro no haya posibilidad de investigar más casos. Hay que construir un modelo de cosa juzgada. Estamos utilizando modelos de georreferenciación satelital, que lo aplica la Corte Penal Internacional. Eso mismo lo utilizamos con el trabajo de Natalia Springer para reconstruir, por ejemplo, los ataques a la infraestructura por parte del Eln en materia ambiental.
¿Cómo se asesoró para saber si los modelos matemáticos que le presentaron son útiles?
El primer contrato de Natalia Springer era para asesorarme en la toma de decisiones frente a las investigaciones contra los dirigentes de las Farc. Escuché en muchas ocasiones la metodología de trabajo y entendí que esos análisis técnico-científicos podíamos usarlos para las imputaciones. Con Natalia Springer partimos de una experiencia comprobada de su empresa.
¿Se asesoró con alguien que no fuera de la empresa de Springer para saber si los resultados servían?
Los valoré directamente como fiscal general.
Usted admite que su área de conocimiento no es la matemática o la estadística, y lo que está en juego son las imputaciones a la cúpula de las Farc. ¿Qué tal que ese trabajo no sea lo esperado?
El trabajo de Springer nos va a servir de apoyo para presentar informes a las violaciones masivas a los derechos humanos, pero no será el único elemento de juicio. Estamos construyendo instrumentos probatorios de diversa índole, incluido lo que hace la Dirección de Análisis y Contextos. Si llevamos el material de Natalia Springer, que tiene fundamentos científicos, será en un juicio con la participación de técnicos, las Farc, el Eln, las víctimas, y en ese espacio se va a controvertir la importancia y relevancia de esta metodología.
¿Ella va a ser llamada como perito?
Estos resultados los podemos incorporar directamente en las investigaciones sin necesidad de que acuda como perito. Y si requerimos que concurra al juicio, se lo pedimos, aunque no es su obligación.
¿Qué se incluyó del trabajo de Natalia Springer en las imputaciones de las Farc?
Son cuatro productos que nos entregó Natalia Springer: secuestro, ataques a los awás, reclutamiento y crímenes sexuales. La imputación es un acto de comunicación. No tenemos que revelar las pruebas en esta etapa procesal. Todo dependerá del modelo de justicia transicional que se pacte, porque si en La Habana se acuerda que no esté centrado en el sistema acusatorio, yo tendré que ajustar. Como tengo conocimiento de que en Cuba se están discutiendo modelos de justicia transicional que no corresponden a las estructuras tradicionales, consideré que lo más prudente era esperar. Por eso he aplazado las imputaciones contra las Farc, pero las investigaciones siguen.
¿Nadie más ofrece los servicios del equipo de Natalia Springer?
No conozco en Colombia un grupo de juristas ni asociación alguna que maneje este modelo.
¿Por qué no hizo una convocatoria?
Porque la ley permite la contratación directa y en ese caso no se necesita ningún concurso de méritos. Yo conocí el modelo de Natalia Springer en una presentación que ella hizo en la Fiscalía sobre reclutamiento de menores. Entendí que ese modelo era lo que necesitábamos. Además, yo conocía trabajos de Natalia Springer en español, alemán e inglés.
¿Por qué cree que este contrato ha sido tan accidentado?
Porque la finalidad de este contrato y el gran aporte de Natalia Springer es cómo aplicamos modelos matemáticos y estadísticos a la investigación penal. En Colombia eso implica un giro copernicano en cuanto a una nueva orientación de la investigación. Es decir, hay una ruptura con la concepción tradicional de la investigación. Hemos tenido dificultades por la resistencia al cambio.
Tanto Carlos Ariel Useda como Alejandro Ramelli, interventor y supervisor del contrato, le advirtieron que el trabajo tenía serios reparos. ¿Por qué no les creyó a ellos?
Las observaciones que hicieron estas personas fueron sobre un informe preliminar, no sobre el informe definitivo. A partir de esos reparos, que se hicieron en diciembre de 2013, ella continuó trabajando y presentó después el informe definitivo, que tiene modificaciones sustanciales. Es decir, Ramelli nunca conoció el informe final.
¿Por qué Springer no le entregó los resultados finales a los supervisores de su contrato?
El informe definitivo me lo entregó a mí porque había una discrepancia entre Ramelli, Useda y Natalia. A partir de eso asumo personalmente el examen de ese contrato. El día 24 de enero, Natalia Springer me hace una presentación de todos los resultados de su investigación.
¿Por qué hay un “salto con garrocha” a las observaciones de Ramelli y Useda?
Cuando hay una discrepancia entre dos personas, usted acude a un tercero, que es quien define la controversia y ese es el fiscal general, porque es a mí a quien le estaban brindando la asesoría. Cuando ella me explicó el informe inmediatamente lo aprobé, porque quien tenía que decidir sobre la asesoría era yo.
¿Cómo se llama ese informe final y cuántas páginas tiene?
El Secuestro como forma de esclavitud, es de 120 páginas.
¿Usted conoció el informe preliminar que objetaron?
Natalia Springer me presentó formalmente el 10 de enero de 2014 unas observaciones a ese informe preliminar, a las objeciones que le habían hecho Ramelli y Useda.
Pero, ¿usted leyó el informe preliminar?
Ella me presentó las observaciones, pero desde antes venía enterándome de la controversia interna, del informe de Ramelli, de que Ramelli estaba obstaculizando la entrega de información. Por esa razón le pedí al vicefiscal que interviniera. No podría decirles cómo me enteré del informe preliminar, si lo leí personalmente o pedí a alguien que me informara, pasó hace mucho tiempo. En las observaciones del 10 de enero de 2014 de Natalia Springer, ella expresó que habían procesado 146.916.331 de datos, entre todas las bases de datos de secuestro. Ahí me entero de la magnitud de su trabajo.
¿Cuáles fueron las respuestas de Springer a las observaciones de Ramelli?
Dice que hubo entrega de información a última hora; que algunos de los archivos estaban dañados; que le fue ocultada información; y que intentó solucionarlo a través de reuniones pero recibió rechazos. Conocí las fricciones que había en la Unac no sólo con ella, sino con otros contratistas que estaban ayudando a impulsar el nuevo modelo de investigación, como Baltasar Garzón.
Tenemos informes de la Fiscalía en los que se afirma que el grupo de Natalia Springer fue negligente para recoger la información, ¿los conoce?
Ustedes me acaban de presentar documentos donde muestran constancia de que no se habían recogidos ciertos informes. Los acabo de conocer y ver. Pero me parece que no corresponden al tipo de información que le fue negada a Natalia Springer. Habría que analizar con más detalle el tema, pero me da la impresión de que a 10 de enero de 2014, la información que le habían negado era diferente a la que ella estaba pidiendo.
Hay un acta con el membrete de la empresa de Natalia Springer que dice que usted recibió a satisfacción el 24 de enero de 2014. ¿Por qué esa acta, en la que el fiscal recibe una información tan importante, no tiene el membrete de la Fiscalía?
Esa es un acta en la que se me hace entrega de un trabajo. Es absolutamente irrelevante que el acta de recibo tenga o no el membrete de la Fiscalía. Lo trascendental es que personalmente recibí el informe. No sólo lo recibí escrito, me hicieron una presentación detallada y a partir de ahí consideré que ese informe cumplía con las expectativas.
¿Jurídicamente no constituye algún tipo de irregularidad?
Eso es trivial e irrelevante.
¿Usted recibió ese informe en la oficina de Natalia Springer?
Yo no conozco la oficina de Natalia Springer.
Académicos consultados por nosotros hallaron muchos reparos en el reporte preliminar de Springer.
Para mí lo fundamental del método de Natalia no eran las apreciaciones de corte cualitativo, pueden parecer obvias. Lo fundamental era la aplicación del modelo matemático.
¿Sigue en firme la idea de presentar los informes de Springer a una comisión de académicos?
Claro. Me gustaría poder integrar un grupo de expertos que vean el trabajo y realizar una discusión científica y académica. Aquí lo que está en juego es algo trascendental para los crímenes internacionales en Colombia. Es una discusión sobre aplicación de métodos matemáticos y estadísticos en la investigación de violaciones a derechos humanos.
¿Quiénes la conformarían si usted dice que nadie en Colombia conoce sobre el tema?
Tendríamos que buscar académicos y ojalá pudiéramos contar con la participación del actual fiscal para el Tribunal de la Antigua Yugoslavia.
¿Qué pasaría si los informes no resultan válidos?
Estas son herramientas para la toma de decisiones, ya determinaremos en su momento qué utilizamos y qué no. Será algo que tendremos que sopesar en su momento.
¿Las Farc saben sobre el trabajo de la firma de Springer?
Las Farc saben sobre este trabajo. He tenido diversas reuniones con asesores de las Farc, con Enrique Santiago y Carlos Alberto Ruiz. Reuniones en mi despacho en Bogotá. En una de esas reuniones Natalia Springer hizo una presentación muy brillante de sus investigaciones.
(Fe de erratas: en nuestra edición impresa escribimos que en estas reuniones había participado Luis Antonio Lozada, alias 'Carlos Alberto Lozada', lo cual es incorrecto. Nos disculpamos con nuestros lectores)
¿Con qué fin les mostró esa información a las Farc? ¿Disuadirlos?
Para que podamos lograr una justicia en Colombia, tenemos que demostrarle al mundo que esto no se puede construir si hay impunidad. El objeto era, al menos como fiscal, presentar mi posición de que sin ese mínimo no se puede construir un proceso de justicia transicional.
¿Por qué Springer propuso cambiar el informe sobre delitos sexuales por uno sobre desplazamiento forzado?
Porque ella encontró que en la Fiscalía solamente existían 16 casos formales sobre violencia sexual en el marco del conflicto relacionados con las Farc. En este modelo, para establecer patrones de macrocriminalidad tenemos que trabajar en un universo muy grande de casos. Aquí solo teníamos 16.
¿Entonces qué hicieron?
Seguimos investigando y pudimos documentar 512 casos. Gracias al informe de Springer confirmamos las deficiencias de la justicia sobre crímenes sexuales; a partir de ahí hemos aumentado a 512 casos documentados. Fue un campanazo muy grande. Ella consultó otras fuentes también, pero obviamente ahí tenemos muchas dificultades en materia de investigación. Fue un acto de seriedad de Natalia de decir: “Con el modelo de investigación que yo manejo no puedo llegar a conclusiones serias con 16 casos".
¿Está satisfecho con el trabajo de Springer?
Tan satisfecho estuve con el trabajo frente a las Farc, que autoricé directamente otro contrato para que esta misma metodología la utilizáramos en los delitos cometidos por el Eln.
Ese es el de $3.085 millones.
Sí, pero no solamente lo vamos a aplicar al Eln sino también a las bacrim. Nos dimos cuenta de que había un déficit de investigación y que necesitaba otra vez el refuerzo matemático para impulsar el tema.
¿Cómo tasan ustedes los contratos?
Por la complejidad de la investigación. Este segundo contrato está centrado en dos ejes fundamentales del proceso de paz: Eln y lucha contra las bacrim. Pedimos un análisis de costo. Ellos hacen una propuesta económica y nosotros le pedimos que nos justificaran los costos.
¿Los $4.276 millones que ha recibido la firma de Springer están justificados?
Absolutamente justificados. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo: Colombia ha gastado al día de hoy en Justicia y Paz $666.000 millones. Es el costo para el país en 10 años de proceso de Justicia y Paz. Y nuestro cálculo es que vamos a requerir cinco años más. O sea que al país le va a costar Justicia y Paz mínimo $1 billón.
Con la firma de Springer se firmó un segundo contrato por $295 millones para divulgar sus propias investigaciones, ¿por qué?
Al conocer el trabajo final decidí hacer otro contrato para elaborar un documento técnico para ser publicado. Ya lo entregó y está en inglés, alemán y español. Lo único que tenemos que hacer ahora es imprimirlo, ya decidiré en qué momento es adecuado hacerlo.
Sobre el Eln y las bacrim, ¿se viene un contrato similar?
No sé. Hay que esperar el producto.
Fiscal, usted se refirió a María Isabel Rueda y María Jimena Duzán como amanuenses del exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Al senador Ernesto Macías lo llama “el bachiller” en tono de burla. ¿No le parece que ese tono es inadecuado para un fiscal general de la Nación?
Yo he salido en una tarea de argumentación y demostración ante todos los medios. Que lance expresiones simpáticas como el hecho de que María Jimena no se llama María Jimena Duzán sino María Jimena Galvis, pues son cosas anecdóticas de este debate. Yo tengo la íntima convicción de lo que dije en la entrevista con Cecilia Orozco. Esto no es un tema de pruebas, es mi convicción y mi opinión es tan sagrada como la de ellas.
¿Y que ellas digan que Springer es una farsante no es también opinión?
Pues yo creo que sí. Y creo que las referencias que he hecho a los apellidos de María Jimena están muy relacionados con la sátira que han montado en torno a que Natalia lleva el nombre de su esposo. Me parece que ha existido un abuso en muchos sectores, por eso, anecdóticamente, dije que esto era tan normal y que no podíamos estigmatizar este hecho para deslegitimar a una persona.
Pero llamar a un senador “bachiller”, ¿no es un irrespeto?
¿Cómo así? ¡Si yo también soy bachiller!
Pero no es el mismo contexto…
Si recuerdo bien, había un gran periodista que se denominaba El Bachiller, Cleofás Pérez. Es una forma simpática de denominar al jurista Macías. Que lance algunas expresiones anecdóticas o curiosas no me convierte en una persona que esté propiciando una institución desbocada o la figura de un fiscal general que quiere atropellar derechos.
Un fiscal general tiene mucho poder en Colombia. ¿No debe cuidar entonces su discurso?
Yo lo cuido muchísimo. Lo que pasa es que tengo quizás un defecto: soy muy abierto y muy franco al expresar mis opiniones y las defiendo con vehemencia. Como fiscal general debo tener posiciones políticas, mas no partidistas. Qué piensa el fiscal sobre la justicia transicional; acerca de si son convenientes las penas alternativas; frente a la protección de derechos como abortar.
¿Va a denunciar a todos los periodistas que dice que lo han injuriado?
Nunca he dicho que los voy a denunciar. Nunca lo he hecho. Lo que dije en una entrevista esta semana es que voy a pedir unas rectificaciones por falta a la veracidad en afirmaciones que ha hecho la respetable periodista María Jimena Duzán. Al contrario, ¿saben qué dice el proyecto de ley que acabamos de presentar al Congreso por iniciativa nuestra? Propone la despenalización del delito de injuria y calumnia. Cómo me van a decir que persigo penalmente periodistas. Como fiscal tengo deberes y derechos, y los periodistas también.
Usted dijo que Springer era mejor que Ramelli. ¿Se equivocó acaso en elegir a Ramelli para liderar su proyecto bandera?
Es que son dos perfiles totalmente distintos. Ramelli es una persona erudita en derechos humanos, pero no ha tenido experiencia en investigación penal.
Entonces, ¿por qué lo nombró?
Por su perfil de conocer de Derecho Internacional Humanitario. Yo quise llevar a la Fiscalía personas que no tuvieran estrictamente la visión de penalistas. Él no es penalista, pero eso no lo descalifica. Springer tiene una experiencia muy grande en investigación de violaciones masivas a los derechos humanos. La idea era construir un equipo entre el erudito Ramelli y la politóloga Springer, pero me costó mucho.
¿Cómo entender que el fiscal general de Colombia pasa por alto algo tan importante como que a Baltasar Garzón lo expulsaron de la carrera judicial en España?
Antes de celebrar el contrato le pedí a una de mis asesoras externas, experta en contratación, que evaluara si la inhabilidad que tenía en España para ejercer funciones públicas era trasladable a Colombia. La conclusión fue que no. Acá no está prestando una función pública sino una asesoría. Y, además, la contratación se hizo fue con una fundación: la Fundación Baltasar Garzón.
O sea, ¿a usted no le incomoda tener como asesor a alguien que hizo interceptaciones ilegales y fue sancionado hace apenas tres años?
El debate en España fue sobre hasta qué punto tenía competencia, como juez, para hacer interceptaciones. Es un debate supremamente complicado. Yo respeto mucho la decisión de la Audiencia Española pero acá no había ninguna inhabilidad y yo no creo en los castigos perpetuos.
Ramelli denunció que hay anónimos amenazantes que han provenido desde la Fiscalía. Además de ordenar una investigación, ¿qué va a hacer?
Lo primero que hice cuando leí la entrevista en El Espectador del erudito Ramelli, fue pedirle a Unidad Nacional de Protección que le diera un esquema de seguridad. Pedí que constituyeran un grupo especial para verificar si son ciertas las amenazas y de dónde vienen. Ramelli dijo que no iba a poner ninguna denuncia y no dio ninguna prueba. El día viernes el grupo de investigación le solicitó a Ramelli las evidencias o rastros de estas amenazas, pero al día de hoy no lo ha hecho.
¿Le pediría a otro ente que investigue? ¿De alguna manera se siente señalado?
Ya ordené una investigación. El profesor Ramelli dice que tiene la certeza de que las amenazas provienen de la Fiscalía. Con esa afirmación tan contundente, los investigadores le pidieron los elementos para corroborar tal certeza y no nos la presentó.
¿Qué opinión le merece Ramelli?
Es un hombre con una hoja de vida muy importante en materia de Derecho Internacional Humanitario. Yo por él tengo un gran respeto como profesional. Tenemos discrepancias, como siempre pasa.
*Con colaboración de Santiago Martínez Hernández.
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