Las Farc, en el radar de la CPI

Ese organismo internacional señala qué crímenes cometidos por esta guerrilla, el Eln y los paramilitares podrían ser considerados de lesa humanidad o de guerra y, por ende, caer bajo su jurisdicción si fuera necesario.

El informe indica que determinadas acciones de los grupos armados ilegales podrían ser catalogados de lesa humanidad, y por ende caer bajo su jurisdicción en caso de impunidad, porque han sido generalizadas y sistemáticas. / El Espectador
El informe indica que determinadas acciones de los grupos armados ilegales podrían ser catalogados de lesa humanidad, y por ende caer bajo su jurisdicción en caso de impunidad, porque han sido generalizadas y sistemáticas. / El Espectador

Puede que las Farc, desde La Habana y a través de delegados como la holandesa Tanja Nijmeijer, insistan en que no son otra cosa que “víctimas” del Estado. Pero la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) observa otra cosa. Para este organismo, las Farc, así como el Eln y los paramilitares, han sido responsables de ataques contra la población civil, han dejado miles de víctimas, han asesinado —sobre todo a indígenas, afrodescendientes, líderes comunitarios y activistas—, han desplazado gente, han privado a civiles de su libertad, han torturado y han violado o esclavizado sexualmente a mujeres.

En un informe provisional difundido hace unos días, en el que se revisaron diversas situaciones del país que está bajo examen preliminar desde 2006, el despacho de la gambiana Fatou Bensouda sostuvo que son varias las circunstancias por las que los grupos armados ilegales colombianos están bajo su radar. Con base en información de múltiples fuentes, en el documento se lee que las Farc, así como el Eln y los paramilitares, tienen una gran responsabilidad en crímenes considerados de lesa humanidad.

Según el reporte, estos grupos armados ilegales han sido los causantes de ataques contra la población civil en todo el territorio nacional: “Los ataques no fueron aislados o espontáneos. Se cometieron en el marco de una política establecida por los líderes de cada grupo armado ilegal”. En el caso de las guerrillas, la estrategia de atacar a la población civil perseguía además los fines de expropiar a la gente de sus tierras para así ganar control político, económico y social de ciertas zonas. Para las Farc, sobre todo, era muy importante promover el surgimiento de sus propias organizaciones de base.

El informe indica que determinadas acciones de los grupos armados ilegales podrían ser catalogados de lesa humanidad, y por ende caer bajo su jurisdicción en caso de impunidad, porque han sido generalizadas y sistemáticas. Por ejemplo los asesinatos de civiles, en especial de líderes sociales, sindicalistas, activistas de derechos humanos, funcionarios judiciales, periodistas, indígenas y afrodescendientes. Entre 2002 y 2011, 45 líderes de grupos de desplazados fueron ejecutados.

Sobre desplazamiento forzado, advierte el reporte, se calcula que las Farc fueron responsables del 32,2% de casos registrados y del 31% de casos sin registrar entre 2005 y 2010. En 2008, le señaló el Estado colombiano a la Oficina del Fiscal de la CPI, las organizaciones subversivas desplazaron a 12.922 personas. Las organizaciones al margen de la ley han sido también responsables de secuestros, de torturas y tratos crueles, y de abusos de carácter sexual.

Este tema es importante, pues es uno de los cinco a los que la Oficina del Fiscal de la CPI le prestará particular atención a partir de ahora, sumado a la expansión del paramilitarismo. Ese organismo explicó que violencia sexual por parte de las Farc, el Eln y los paramilitares incluye crímenes como violación, tortura, mutilación de órganos sexuales, esclavitud sexual y prostitución forzada, entre otros.

El listado de los crímenes de guerra es similar. La Oficina del Fiscal de la CPI revisa todas las acciones de las guerrillas cometidas desde el 1° de noviembre de 2009, día en que empezó a tener jurisdicción en Colombia por este tipo de conductas ilegales. Los paramilitares no aparecen en esta parte del informe seguramente por cuenta de la desmovilización, aunque el organismo sí advierte que le interesa conocer de su resurgimiento.

Los crímenes de guerra que la CPI está siguiendo de cerca son: asesinatos, torturas y tratos crueles, toma de rehenes, violación y otras formas de violencia sexual, y reclutamiento de menores de edad para participar en hostilidades. No obstante, la CPI reconoce que los máximos líderes de ambas guerrillas han sido sancionados por jueces colombianos. El tema “justicia” no es esencial en los actuales diálogos de paz, pero, si llegaran a prosperar, se espera que estas extensas listas de horrores sean discutidas en nombre de la paz.