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Para la Fiscalía hay evidencias muy serias de que el concejal José Juan Rodríguez habría construido un ‘equipo’ en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para favorecer a un empresario amigo suyo, Andrés Jaramillo López, con la adjudicación de jugosos contratos relacionados con la Fase III de Transmilenio. Por ello, ayer le imputó al cabildante cuatro cargos por un supuesto interés indebido en la celebración de contratos, dentro del escándalo del carrusel de la contratación que tiene en la mira de la justicia a otros miembros del Concejo de Bogotá.
A Rodríguez le tocó el turno en el banquillo de los acusados después de que el expresidente del Concejo, Hipólito Moreno, aceptara su participación en el carrusel de la contratación, un escándalo que salpica a funcionarios del distrito que, al parecer, incurrieron en serias irregularidades para favorecer a un puñado de contratistas y desfalcar en, por lo menos, $300 mil millones las arcas de la ciudad. A diferencia de Moreno, Rodríguez no aceptó los cargos. Hoy se realizará la audiencia en la que se definirá si el concejal es cobijado con la medida de aseguramiento y enviado a la cárcel.
De acuerdo con la Fiscalía, el ‘equipo’ de Rodríguez estaba conformado por el exsubdirector de ejecución, Aldemar Cortés; la exsubdirectora de gestión corporativa, Ana María Ospina Valencia; el exsubdirector de licitaciones Giovanni Adolfo Arenas Beltrán y la exdirectora general de construcciones Carmen Elena Lopera Fiesco.
También hacían parte del grupo, según el ente investigador, el exsubdirector técnico de esa entidad Inocencio Meléndez —ya condenado por este caso y testigo clave contra el concejal— y la exasesora en temas jurídicos —y además cuñada de Rodríguez— Evelyn Deibie Mulfordla. Ella “fue contratada cuando su hoja de vida no cumplía con los requisitos para ocupar un cargo directivo en esta entidad”, indicó la Fiscalía.
Estos funcionarios, asegura la Fiscalía, fueron contratados con la aquiescencia de la exdirectora de esa entidad Liliana Pardo Gaona, quien habría sido ayudada por Rodríguez para llegar a la dirección del IDU, y la presión del cuestionado empresario Julio Gómez. Pardo ya fue acusada por este caso. Por su parte, Gómez colabora con la justicia en virtud de un preacuerdo al que llegó con la Fiscalía y en el que se comprometió a delatar a sus socios en el carrusel a cambio de beneficios jurídicos.
Las andanzas del grupo se habrían iniciado, incluso, antes de la administración de Samuel Moreno, quien se encuentra recluido por este proceso. En la audiencia de imputación de cargos, el representante de la Fiscalía, Alonso Zetien, explicó que entre 2007 y 2010 Rodríguez ingresó en casi 180 oportunidades al IDU y, al parecer, en todas ellas se reunió con Liliana Pardo para discutir las modificaciones que se le iban a hacer a la licitación de la Fase III de Transmilenio para favorecer a Andrés Jaramillo López. La mayoría de las veces, supuestamente, ingresó al edificio en motocicleta y con casco para que no lo identificaran.
En diciembre pasado, la Fiscalía llamó a 17 concejales y exconcejales a dar su versión sobre el escándalo del carrusel de la contratación. Entre ellos, Orlando Parada, Andrés Camacho, Jorge Durán Silva, Jorge Ernesto Salamanca, Antonio Sanguino, Fernando Rojas, Wilson Duarte, Fernando López, Henry Castro, Severo Correa, Jorge Durán Silva, Ómar Mejía y Javier Palacios. El ente investigador todavía no ha definido si llama a imputación de cargos a alguno de ellos.
Al respecto, la defensa de Rodríguez puso en duda las declaraciones de Inocencio Meléndez –testigo clave contra su defendido– al que consideró un testigo falsos. Y agregó que ningún otro funcionario del IDU se ha referido a los supuestos encuentros denunciados por la Fiscalía. Por su parte, Rodríguez expresó que tiene la conciencia “absolutamente tranquila” y se sostiene en su inocencia. El concejal se encuentra a la espera de que se defina su situación. En el Concejo siguen su proceso muy de cerca.
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