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Un mes después de que este diario revelara un proyecto de archivo en favor del alcalde Gustavo Petro en el caso del cambio del modelo de basuras —elaborado por el fiscal Mauricio Martínez desde agosto de 2013—, la Fiscalía anunció ayer viernes el cierre definitivo de este expediente al constatar que ninguno de los delitos endilgados al mandatario y al entonces gerente del Acueducto, Diego Bravo, tenían sustento jurídico. No obstante, sí advirtió que les imputará cargos a dos funcionarios de la Uaesp, quienes habrían incurrido en el delito de prevaricato.
Se trata de la exdirectora de esa entidad, Nelly Mogollón Montañés, y el exsubdirector de asuntos legales Carlos Rojas Rivera. Asimismo, el organismo investigador concluyó que no existió un complot contra Petro por parte de los operadores privados y, por esa razón, pidió indagar por falso testimonios a los testigos del carrusel Emilio Tapia y Manuel Sánchez. Estos últimos señalaron ante la Fiscalía, el Consejo de Estado y los medios de comunicación que sí hubo una concertación entre operadores privados para tumbar al alcalde.
El tortuoso camino que dio lugar a este proceso comenzó cuando estaba a punto de vencerse el contrato de los operadores privados para la recolección de basuras en Bogotá. Desde 2002, estos contratistas habían ganado las licitaciones para prestar el servicio de aseo, que había sido dividido por localidades. En 2011 se venció por primera vez el acuerdo entre privados y Distrito. En esa época, la alcaldesa encargada Clara López declaró la primera urgencia manifiesta, advirtiendo que no alcanzaba a diseñar una licitación que incluyera a los recicladores, como lo había exigido la Corte Constitucional.
Llegó Petro a la Alcaldía y determinó la segunda urgencia manifiesta, por lo que prorrogó hasta el 18 de diciembre de 2012 los contratos. Ese día terminaban su operación los privados. Entonces vino el caos y más de 9.000 toneladas de basura quedaron en las calles. En esos días, Mogollón, la entonces directora de la Uaesp, declaró una tercera urgencia manifiesta para que los privados volvieran a recoger basuras. Para la Fiscalía esta actuación fue ilegal porque no existía peligro alguno, argumentando que, con anterioridad, el Acueducto y la Uaesp firmaron un contrato interadministrativo para la recolección de los residuos que cumplía con todos los requisitos de ley.
Este fue uno de los argumentos principales para archivar la investigación contra Petro y Bravo. Según la Fiscalía, durante la prórroga a los privados, estos dos hombres diseñaron un modelo de recolección para incluir a los recicladores. De ahí, se estructuró el contrato interadministrativo. La particularidad es que Petro no firmó ningún documento, ya que el Distrito no aparecía como participante, lo que lo exoneraba en primer lugar de cualquier responsabilidad. El vicefiscal Jorge Perdomo explicó que todo el proceso cumplió con los requisitos de ley y que la Uaesp podía delegarle esta función al Acueducto porque era una empresa altamente capacitada.
Perdomo también insistió en que en ningún momento se afectó la libre competencia de los privados. En pocas palabras, según lo explican funcionarios de la Fiscalía, a los privados nunca se les prohibió trabajar, ya que la ley es clara en advertir que pueden ofrecer sus servicios sin mediación del Distrito y dieron el ejemplo de los cableoperadores, empresas que ofrecen servicios de televisión paga a pesar de que existe la televisión pública.
Fuentes cercanas al proceso precisaron que en el fallo del Ministerio Público —en el que se destituyó al alcalde en diciembre de 2013— no se hicieron estudios serios para determinar si existió o no un impacto ambiental, ya que sus pruebas consistían en “funcionarios que salieron a recorrer las calles para determinar si olía a basura”. Agregaron que el ente investigador utilizó peritos especializados, fue a hospitales para saber si sufrieron algún problema sanitario y consultó a expertos en distintas universidades para concluir que nunca hubo riesgo de una crisis ambiental.
Otro de los puntos en los que, dice la Fiscalía, el Ministerio Público tuvo argumentos erróneos, fue cuando aseguró que estas actuaciones se cometieron con dolo (mala fe) y que era ilegal realizar contratos interadministrativos. En el despacho del vicefiscal se adelanta una investigación preliminar para establecer si los procuradores de la Sala Disciplinaria, Carlos Arturo Ramírez y Juan Carlos Novoa —quienes fallaron en primera instancia contra Petro— cometieron prevaricato.
Asimismo, la Fiscalía decidió archivar la investigación contra los operadores privados de recolección de basuras que supuestamente fraguaron un complot para tumbar a Petro. “Se pudo establecer que, pese a lo dicho por algunos testigos, acá no se presentó ningún complot. Por eso se compulsaron copias para investigar por falso testimonio a Manuel Sánchez y Emilio Tapia en virtud de las inconsistencias en que ocurrieron en sus declaraciones”. Ambos hombres declararon públicamente que fueron testigos de cómo un grupo de importantes empresarios se habrían aliado para ocasionar la crisis sanitaria que vivió Bogotá en 2012.
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@santsmartinez