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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aceptó la solicitud presentada el pasado 8 de julio por el exviceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar Rueda y su abogado para desistir del recurso extraordinario de casación que había sido presentado ante el alto tribunal en el proceso que se le adelantó por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).
La Corte Suprema, al admitir esta solicitud, remitió las diligencias a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que en fallo de segunda instancia condenó a siete años y cinco meses de prisión a Salazar Rueda por su responsabilidad en los delitos de de celebración de contratos sin cumplimientos legales y peculado por apropiación de terceros.
El exviceministro de Agricultura firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el cual aceptaba su responsabilidad en los delitos imputados y se comprometió a colaborar con las autoridades en las investigaciones que se adelantaban por las irregularidades en la entrega de subsidios agrícolas. (Ver Defensa de exviceministro de Agricultura solicitó rebaja de pena en proceso por AIS)
En fallo de primera instancia fue sentenciado a 10 años de prisión, sin embargo el Tribunal Superior de Bogotá al resolver un recurso de apelación le rebajó la pena a siete años y cinco meses al considerar que se había presentado una falla al evaluar el preacuerdo firmado por el procesado. (Ver Rebajan condena a exviceministro de Agricultura por AIS)
El Tribunal consideró que en el fallo emitido por el juzgado 43 de conocimiento de Bogotá no se tuvieron en cuenta los compromisos que había adquirido el exviceministro con las organismos judiciales.
En este sentido se determinó que el exfuncionario se había comprometido a entregar documentación e información clave para desenmarañar la forma irregular en cómo y por qué se entregaron de manera irregular multimillonarios subsidios del programa de Agro Ingreso Seguro.
En la decisión también le rebajó la multa de 80 a 56 millones de pesos y la inhabilidad del exfuncionario para ejercer cargos públicos que se redujo a siete años y cinco meses.
El 19 de julio de 2011, la Procuraduría General destituyó y suspendió al exviceministro de Agricultura por 11 meses al considerar que no cumplió sus funciones de revisión, análisis y supervisión del convenio con el IICA y no emitió órdenes para que fuera cumplido a cabalidad.