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La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la medida de aseguramiento de detención preventiva que cobija al exsenador Néstor Iván Moreno Rojas como posible responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho, celebración de contratos indebidamente y enriquecimiento ilícito dentro del escándalo del carrusel de las ambulancias en Bogotá durante la administración distrital de su hermano, Samuel Moreno Rojas.
Para la Sala Penal de esta Corte existe un peligro real de que en libertad se transgreda la ley por parte de Iván Moreno. Según la corporación, los argumentos formulados en esta ocasión por el excongresista reiteran las tesis que ya fueron rechazadas por dicho alto tribunal.
La Corte hace énfasis en que Moreno Rojas no está siendo juzgado por los mismos hechos de la condena que pesa sobre él por tráfico de influencias y celebración de contratos indebidamente, porque se trata de operaciones contractuales distintas que fueron ejecutadas en fechas y circunstancias diferentes.
“Una conducta penalmente relevante es haber participado en la aceptación de promesas remuneratorias hecha por los funcionarios del IDU (cohecho) para realizar actos contrarios a los deberes oficiales, y otra diferente (…) es recibir posteriormente a las adjudicaciones, adiciones y cesiones el dinero prometido, la cual se adecúa de manera autónoma e independiente en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares (...)”, señala la decisión de la Corte Suprema.
A su vez, fueron desestimados los argumentos según los cuales los miembros de la Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal carecerían de imparcialidad para hacerse cargo del proceso, debido a que es la propia Constitución y la ley las que asignan a todos sus para que investiguen y juzguen a los congresistas.
En cuanto a la tesis propuesta por Iván Moreno Rojas de que las evidencias y elementos de prueba de otras actuaciones fueron irregularmente tenidas en cuenta en el proceso, no fue claramente explicado por parte la defensa cuál de ellos fue practicado o argumentado irregularmente.
Frente a la supuesta violación del principio de la doble instancia, la Corte Suprema recordó que es la propia Carta Política y la ley procesal las que disponen que el juez natural de los congresistas sea la Sala de Casación Penal en procesos que deben ser tramitados en única instancia.