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Judicial 22 Abr 2013 - 5:56 pm

Desaparición forzada

En firme fallo que tumbó sanción a militar por desaparición de guerillera del M-19

El alto tribunal consideró que al general Álvaro Velandia Hurtado se le vulneró el debido proceso por su presunta responsabilidad en la desaparición de Nidia Érika Bautista.

Por: Elespectador.com
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Al considerar que se le vulneró el debido proceso, una sala de conjueces del Consejo de Estado dejó en firme el fallo que anuló la sanción disciplinaria emitida en contra del brigadier general Álvaro Velandia Hurtado, por su presunta participación en la desaparición forzada de la integrante del M-19 Nidia Érika Bautista, registrada en 1997.

La decisión, con ponencia del conjuez Álvaro Escobar Henríquez, revocó, por medio de tutela, el fallo de la Sala Plena del Consejo de Estado que había dejado en firme dicha sanción disciplinaria emitida el primero de julio de 1995.

En su fallo se indicó que en la sanción disciplinaria se desconocieron normas del Código Contencioso Administrativo, pues la sanción disciplinaria se impuso después de que se cumplió el término de prescripción. (Ver Consejo de Estado arremete contra reintegro de general (r) Velandia)

Ante esto se señaló que en este caso se le impidió al general presentar los recursos en contra del fallo para restablecer sus derechos, y posteriormente notificar adecuadamente a las partes la decisión, algo que para los conjueces no se presentó en este caso.

En este caso, según la ley, luego de que apareció el cadáver de Nidia Érika Bautista, el 25 de julio de 1990 únicamente se podía resolver la investigación e imponer la sanción disciplinaria dentro de los cinco años siguientes, es decir, hasta el 25 de julio de 1995. (Ver Restituirán a general (r) Velandia, separado por desaparición de guerrillera)

Pero, resalta la sentencia, en este caso la sentencia disciplinaria se presentó en 1997, ratificando los argumentos esgrimidos por la Sección Segunda del Consejo de Estado emitida en mayo del 2002 cuando se anuló la decisión de la Procuraduría.

En la sanción emitida por el Ministerio Público se destituyó al entonces coronel del Ejército Nacional cuando se desempeñaba como Comandante del Batallón Charry Solano del Ejército Nacional ubicada en el sur de Bogotá.

Adicionalmente, el fallo del 2002 ordenó reintegrar al accionante y condenó a la Procuraduría General a pagar todos los sueldos, primas, prestaciones y demás haberes laborales dejados de percibir en el cargo que desempeñaba, desde la fecha de ejecución del acto de retiro hasta el día en que el reintegro se haga efectivo.

El proceso contra el General

En 1995 la Procuraduría determinó que el exuniformado, como máxima cabeza del Comando de Inteligencia y Contra Inteligencia, Coici, incurrió en falta disciplinaria gravísima al no impedir que la guerrillera del M-19 fuera torturada, ejecutada y desaparecida, como lo estuvo desde 1987 hasta 1990, cuando fue hallado su cadáver, que había sido sepultado como N. N. en el cementerio de Guayabetal, Cundinamarca.

“Cuando ya había concluido toda posibilidad de actuación judicial, después de más de 10 años de procesos, a través de una acción de tutela, viene una sala de conjueces a dejar sin efectos la sentencia que a través del recurso extraordinario de súplica adoptó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo”, sostuvo Mauricio Fajardo.

Una vez impuesta la sanción disciplinaria contra el general (r) Velandia, éste demandó, sin éxito, su restitución ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; aunque sus pretensiones fueron denegadas, en segunda instancia, la Sección Segunda del Consejo de Estado le dio la razón al demandante; finalmente, la Sala Plena echó abajo la determinación y dejó en firme la sanción disciplinara del Ministerio Público.

Velandia Hurtado Interpuso una acción de tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura, como último mecanismo para buscar su restitución. Por competencia, el caso fue remitido nuevamente al Consejo de Estado que, por haberse pronunciado ya frente al caso, se vio forzado a nombrar tres conjueces, que terminaron dándole la razón al accionante y ordenando su reintegro a las Fuerzas Militares.

Nidia Érika Bautista, socióloga de la Universidad Nacional y economista de la Universidad Central, fue vista con vida por última vez el 30 de agosto de 1987, cuando desconocidos la obligaron a subir una camioneta.

Sólo hasta 1990 fueron hallados los despojos mortales de la víctima, gracias al testimonio del ex agente del Coici y testigo clave del proceso del Palacio de Justicia, Bernardo Garzón Garzón; el sargento (r) detalló cómo fue que se produjo el homicidio de la insurgente y, pocos meses después, fueron encontrados sus restos, entregados a sus familiares, que la enterraron en el cementerio Central de Bogotá.

Al parecer, el caso también ha estado rodeado de persecuciones contra los intervienes, pues tanto el hijo de la víctima como el procurador delegado para los Derechos Humanos, Hernando Valencia, quien sancionó a Velandia Hurtado, se vieron forzados a irse del país, aduciendo haber sido amenazados.

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