La Sala Plena del Consejo de Estado dejó en firme la investidura de nueve senadores que participaron en la votación y elección de Alejandro Ordóñez Maldonado como procurador General por segundo periodo consecutivo.
El tribunal de lo contencioso administrativo consideró que no se presentaron pruebas documentales o testimoniales que permitieran inferir que los congresistas incurrieran en un conflicto de intereses en la votación celebrada el 27 de noviembre de 2012.
En la acción judicial se indicó que los senadores Manuel Guillermo Mora, Musa Besaile Fayad, Carlos Ferro Solanilla, Martín Emilio Morales, Milton Arlex Rodríguez, Efrain Torrado, Claudia Wilches Sarmiento, Aurelio Iragorri Hormaza y Armando Benedetti Villaneda estaban impedidos para votar.
Sin embargo se determinó que para el momento de la elección los parlamentarios no tenían investigaciones vigentes y que, además, manifestaron su impedimento para participar en la misma ante la Plenaria del Senado y se retiraron del recinto, según consta en las gacetas del Congreso. Posteriormente dicho impedimento fue negado.
En la sentencia se ordena compulsar copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue al abogado demandante, Saúl Villar Jiménez, por una presunta demanda temeraria.
En la acción judicial se argumentaba que los senadores incurrieron en un conflicto de intereses puesto que tenían familiares trabajando en el Ministerio Público y no presentaron los impedimentos exigidos.