La Procuraduría General dejó en firme el llamado a juicio disciplinario del actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la planeación y ejecución de la modificación del nuevo sistema de aseo en la capital de la República.
El Ministerio Público rechazó un recurso de nulidad presentado por la defensa del burgomaestre en el que se indicaba que era el Procurador General el que debía adelantar esta investigación y no, como es el caso, un procurador disciplinario.
Ante esto, el órgano de control disciplinario consideró que no existían argumentos claros y no aceptó las pretensiones de la solicitud presentada en contra de la decisión emitida el pasado 21 de junio.
De acuerdo con la Procuraduría, el alcalde Mayor de Bogotá habría incurrido en una falta disciplinaria al determinar en 2012 al director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y los gerentes de la Empresa del Acueducto y Aguas de Bogotá para que firmaran los contratos para asumir la prestación del servicio público de aseo.
Ante esto se indicó que no se tuvo en cuenta el hecho de que estas entidades no contaban con “la más mínima experiencia y capacidad requerida para dicho fin”, como precisa uno de los apartes de la decisión. (Ver Mandato de Petro podría ser interrumpido por decisión de la Procuraduría)
Además indica que Petro habría incurrido en una irregularidad cuando el 10 de diciembre de 2012 tomó la decisión de adoptar un esquema de prestación del servicio de aseo “con lo que pudo violar el principio constitucional de libertad de empresa, al impedir que otros operadores distintos a las entidades del Distrito prestaran en igualdad de condiciones dicho servicio público”.
Por último, se cuestiona al alcalde por haber autorizado el uso de vehículos tipo volqueta por lo que pudo haber violado la protección del medio ambiente “originando un grave riesgo a la salud humana”. (Ver A rendir cuentas por modelo de Petro)
Según se ha podido establecer el órgano de control disciplinario calificó estas fallas como gravísima a título de dolo y gravísima con culpa gravísima.