En firme proceso contra César Mauricio Velásquez por "chuzadas del DAS"

El juez 56 de conocimiento de Bogotá rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del exjefe de prensa de la Presidencia de la República, César Mauricio Velásquez en el marco del proceso que se le adelanta por su presunta participación y conocimeinto en los hechos que rodearon el denominado escándalo de las "chuzadas del DAS".

La defensa solicitaba que se declarara la nulidad de todo lo actuado puesto que se había presentado una vulneración a los derechos fundamentales y al debido proceso de Veláquez. En este sentido argumentó que se presentó una irregularidad pues sin justificación alguna la Fiscalía General reactivó la investigación contra su cliente pese a que la misma había sido archivada en junio de 2009.

Señala que no se cumplieron los requisitos exigidos por la ley para desarchivar el caso ya que no se presentó un nuevo elemento material probatorio de peso en contra de Velásquez. Debido a esto consideraba que al archivar el caso el proceso había perdido sus efectos jurídicos por lo que se trató de una evidente violación al debido proceso y a la defensa.

Indicó además que nunca fueron notificados de manera oficial por parte del ente investigador sobre la reapertura de este proceso, conociendo estos hechos por los medios de comunicación. Sin embargo, estos argumentos no fueron recibidos por el juez de conocimiento que consideró que no existían las bases para declarar una nulidad.  

El funcionario judicial aceptó los argumentos presentados por la Fiscal 10 Delegada ante al Corte Suprema que manifestó que al momento de archivr el caso César Mauricio Velásquez no se encontraba en calidad de incidiado, hecho por el cual al hacer una valoración de los elementos materiales de prueba se consideró que existían méritos para reabrir nuevamente la investigación.

Posteriormente el exjefe de prensa de la Presidencia de la República fue vinculado formalmente al proceso y en marzo de 2015 de anunció la imputación en su contra por el delito de concierto para delinquir por presuntamente tener conocimiento sobre las actividades ilegales adelantadas por el DAS en contra de periodistas, magistrados de las altas cortes y congresistas de oposición del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

La defensa de Velásquez presentó recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá hecho por el cual la audiencia en la que se iba a presentar el escrito de acusación en contra del exjefe de prensa de la Presidencia y el exsecretario jurídico de la Casa de Nariño, Edmundo del Castillo por presuntamente particpar en las reuniones en la que se planeó el complot contra la Corte Suprema de Justicia.

El caso 'Job'

Según la Fiscalía los dos exfuncionarios habrían ordenado la obtención de información privilegiada de periodistas, abogados y congresistas opositores al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Estas acciones fueron realizadas por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad.

Según la investigación de la Fiscalía se habrían adelantado actividades ilegales desde el DAS en contra de un grupo de “blancos políticos”. Mediante diferentes acciones se buscó desprestigiar su trabajo e imagen la opinión pública.

En diferentes reuniones, cita la Fiscalía General, se hizo un “acuerdo ilícito entre miembros del Gobierno Nacional y funcionarios del DAS” para obtener información privilegiada de un grupo de personas y así iniciar una campaña de desprestigio.

Uno de los principales objetivos de este grupo fue el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez quien adelantaba la investigación contra el entonces senador Mario Uribe Escobar, primo del presidente, por sus nexos con grupos paramilitares.

En contra del denominado investigador estrella de la “parapolítica” se adelantó una campaña de desprestigio en la que fue señalado de ofrecerle beneficios jurídicos a testigos para que declararan en contra de Uribe Escobar -condenado a 8 años por la Corte Suprema- y el presidente Uribe.

Para enlodar el buen nombre del magistrado auxiliar se adelantó una reunión en la Casa de Nariño en la cual participó el jefe paramilitar Severo Antonio López Jiménez, alias ‘Job’ y el abogado Diego Álvarez Betancourt, procesado penalmente por estos hechos.

En el encuentro los partícipes acordaron “realizar grabaciones ocultas o clandestinas, supuestamente para preconstruir pruebas sobre ofrecimientos indebidos provenientes de la Corte Suprema de Justicia”.

Tras esa reunión apareció la declaración de alias ‘Tasmania’, un paramilitar desmovilizado que aseguraba haber recibido presiones por parte del magistrado Velásquez para vincular al presidente Uribe en un plan para asesinar al jefe de las AUC conocido como ‘René’.

Esta carta fue filtrada a los medios de comunicación por el secretario de prensa. Poco tiempo después ‘Tasmania’ se retractaría de estas afirmaciones asegurando que recibió el ofrecimiento de beneficios jurídicos y una casa para su familia.

Para la Fiscalía los dos exfuncionarios “conocieron y participaron en las actividades ilícitas ejecutadas por los organismos de inteligencia del Estado y contribuyeron de manera efectiva a la consecución del propósito criminal”.