Ante el Tribunal Superior de Bogotá, el fiscal General, Eduardo Montealegre presentó una tutela en contra de la Contraloría General al considerar que se vulneraron sus derechos constitucionales cuando el órgano de control fiscal le abrió una investigación.
En la acción judicial se indicó que la Contraloría General no tenía las competencias para investigarlo puesto que como aforado es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es la que debe investigar su conducta puesto que así está establecido en la Constitución Política de Colombia.
En este sentido consideró que el órgano de control fiscal vulneró la garantía constitucional de "independencia y autonomía judicial y los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad" por lo que consideró que se extralimitó en sus funciones y debe ser investigada.
La tutela tiene como base el pliego de cargos formulados en su contra por parte de la Contraloría en mayo del presente año considerando que el ente investigador no presentó oportunamente un informe de gestión trimestral.
En la acción se califica la actuación como "sospechosamente desproporcionada" puesto que se ignoró el hecho de que tuviera fuero constitucional asegurando que en el pliego de cargos se presentaron "argumentos jurídicos absurdos".