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Tras su posesión como Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez deberá revisar el principio de oportunidad firmado con los exdirector del Fondo Premium de InterBolsa, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. En el documento se pide avalar el cese de la persecución penal por el delito de captación masiva y habitual de dinero a cambio de entregar información.
La fiscal Alexandra Ladino explicó que la solicitud de los representantes de las víctimas acreditadas fue avalado y el principio firmado fue trasladado al despacho del nuevo jefe el ente investigador que deberá determinar si lo deja tal como está o se le hacen modificaciones. Debido a esto la audiencia programada para el próximo 27 de julio fue suspendida.
“Se le corrió traslado para que tenga él (refiriéndose a Néstor Humberto) la oportunidad de revisarlo y poder garantizar los derechos de las víctimas”, precisó la fiscal del caso. Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz se comprometieron a dar información precisa sobre la participación de otros directivos en la comisionista de bolsa intervenida en diciembre de 2012.
En el principio de oportunidad, que ha sido fuertemente cuestionado por las víctimas que lo califican como impune, se establece la necesidad de entregar información sobre las operaciones irregulares que se adelantaron en InterBolsa y las sociedades en el exterior que fueron conformadas para ocultar el dinero invertido de manera fraudulenta.
Ladino recordó que los procesados ya fueron condenados tras aceptar su participación en los delitos de concierto para delinquir, estafa y manipulación fraudulenta de especie. El monto de la condena se conocerá el próximo 7 de septiembre, sin embargo debido a que aceptaron cargos en la audiencia de imputación recibirán una rebaja del 50 por ciento.
“Hasta tanto no haya reintegro de bienes o de dinero no vamos a negociar el dinero de no reintegro por parte de ocho años de prisión”, precisó la fiscal al manifestar que por este delito seguirán en juicio. Jaramillo y Ortiz se encuentran privados de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.
Se ha podido establecer además que debido a la información recolectada se abrieron dos líneas de investigación por el delito de lavado de activos. Esto debido a las acciones irregulares que se adelantaron con el dinero de los socios e inversores y cuyo monto supera los 90 mil millones.