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El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, abrió una indagación preliminar por posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios que estarían afectando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Algunos funcionarios inescrupulosos estarían cocinado, en este momento, falsedades y fraudes procesales para que la JEP no actué en cumplimiento de la constitución y la ley”, precisó. (Lea también: Procuraduría pide excluir de JEP a tres exguerrilleros pedidos en extradición por EE.UU.)
En el búnker de la Fiscalía, en la capital del país, el fiscal general dijo este viernes que la indagación quedó a cargo de un fiscal especial que deberá tomar decisiones prontamente, “con el fin de impedir que no se vaya a violentar el cumplimiento estricto de la Constitución Política y de la ley en esa jurisdicción, a partir de acciones inenarrables (...). Ese es el estado de cosas y de estos temas hay que hablar con claridad, precisión y sin especulaciones”.
Por otro lado, el jefe del ente acusador negó que exista una orden de captura con fines de extradición contra Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. “No es cierto, como se dice en los territorios de consolidación, que por virtud de una orden de captura que habría librado la Fiscalía, el señor Márquez tuvo que salir del espacio territorial en que se encontraba”, detalló. (Le sugerimos: Las molestias internas entre los magistrados y el "fiscal" de la JEP)
Igualmente, explicó cuál es la situación jurídica de las nueve personas que no estarían que los espacios de reincorporación y de las cuales hoy se indaga su paradero. En ese sentido, explicó que podrían presentarse tres casos. El primero, que el Gobierno Nacional, de acuerdo con la ley, le pida a la Fiscalía que se levante la suspensión de las órdenes de captura y el ente investigador las ejecute. Pero, en este caso, la Fiscalía dice que el Ejecutivo no ha solicitado esa petición.
El segundo escenario que plantea el ente investigador es que los reinsertados reincidan y violenten el principio de la no repetición. De llegar a ocurrir, el fiscal dice que hará cumplir la ley “porque los reincidentes están sometidos a la jurisdicción ordinaria sin ningún tipo de discusiones ni de conflictos de competencia con ninguna otra jurisdicción”. (Le podría interesar: Los peros del fiscal Martínez sobre decisión de la Corte Constitucional)
Por último, el tercer escenario propuesto por la Fiscalía es que, de llegarse a incumplir el Acuerdo de Paz, como lo dice Naciones Unidas, podría iniciarse ante la JEP un incidente de incumplimiento de acuerdo con las reglas de procedimiento para la jurisdicción especial (Ley 1922 de 2018). Ese incidente podrá ser presentado por la Fiscalía, el Ministerio Público, las víctimas o de oficio por la propia JEP.
Ante las declaraciones de Martínez, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, se pronunció y aclaró que el propio fiscal le explicó que los presuntos hechos ilegales no estarían ligados a ningún miembro de la magistratura. “La jurisdicción agradece la diligencia y el ejercicio preventivo de la Fiscalía, los cuales redundan en el cabal cumplimiento de las funciones de la JEP. Expresamos nuestra total disposición para que este suceso sea esclarecido de manera pronta y así se le haga saber a la opinión pública, la cual debe tener la plena certeza de nuestro compromiso”, concluyó Linares. (Lea: Con la sanción de Santos, JEP ya cuenta oficialmente con reglas para su funcionamiento)