Fiscalía abrió investigación por caza ilegal de delfines rosados en el río Meta

Las primeras pesquisas indican que los cazadores los matan para vender su aceite.

Redacción Judicial
24 de febrero de 2017 - 08:59 p. m.
Fiscalía abrió investigación por caza ilegal de delfines rosados en el río Meta

La Fiscalía General abrió investigación formal por la caza de delfines rosados en el municipio de Orocue (Casanare) a orillas del Río Meta. Esto tras la información revelada por la Policía Nacional que encontró a los delfines con signos de maltrato.

El ente investigador abrió la investiación por los delitos de daño o ilícito aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. Las primeras pesquisas indican que cazadores ilegales matan a los delfines para vender en el mercado negro su aceíte. 

La Corporación Autónoma Regional de Orinoquia, Corporinoquia, reportó que a la altura del sector Bocas del río Cravo Sur, en el trayecto hacia Puerto Gaitán, incautaron cinco mallas de nylon, con tamaños entre los 30 metros de largo por 2 de ancho. Elementos que son prohibidos, ya que están hechos de un material sintético con compresas de plomo.

Los delfines rosados, también conocidos como toninas, llegan a estas mallas para comer pescado, pero quedan atrapados y luego son cazados por los pescadores ilegales. La idea, creen las autoridades, es poder comercializar su aceite.

Igualmente, la Policía reportó que a poca distancia del lugar encontraron los cuerpos de dos delfines con “heridas de armas contundentes”.

La directora general de Corporinoquia, Martha Plazas Roa, afirmó que durante estos días se ha hecho seguimiento a las investigaciones en una mesa conjunta entre la Alcaldía, la Armada Nacional, la Policía Nacional y dos miembros de la Corporación. Además, señaló que los cuerpos de las toninas quedaron a su cargo, ya que esta es una especie en vía de extinción.  

Debido a que la Armada cree que en el río Meta puede haber más mallas, en los próximos días se formará una segunda mesa de trabajo con la Fundación Omacha, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (UNAP) y otras ONG.

Por Redacción Judicial

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