Ante la juez 30 de conocimiento, la Fiscalía General presentó el escrito de acusación contra los nueve integrantes del llamado comité pro referendo que buscaba la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2010.
Según el ente, estas personas habrían incurrido en irregularidades durante el proceso que buscaba reformar la Constitución, con el fin de permitir un tercer mandato presidencial en Colombia, por las fallas durante el trámite de recolección de firmas y la alteración de cuentas que superaban lo permitido por el Consejo Nacional Electoral.
En este sentido, se indicó que se presentaron fallas en la recolección de fondos superando así los topes fijados para este tipo de proyectos en el país así como la presentación de actas de la Registraduría Nacional del Estado Civil con las firmas que habrían sido modificadas por parte de los promotores.
El representante del ente investigador señaló que para la financiación del proyecto releccionista se superó casi en casi seis veces el valor autorizado por el órgano electoral como lo mencionó la Corte Constitucional en el fallo en el que se declaró inexequible la iniciativa del referendo.
Para la Fiscalía existen pruebas documentales que indican que con el proyecto presentado por los promotores Colombia Primero estuvo lleno de fallas e irregularidades por lo que habrían incurrido en los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
"La Corte Constitucional verificó la ocurrencia de un conjunto de irregularidades vinculadas a la financiación de la campaña en favor de la iniciativa de reforma constitucional. Tales anomalías, vistas en conjunto, configuran una grave violación de principios básicos de un sistema demoscrárico, a saber: la transparencia y el pluralismo político".
La Fiscalía utilizará en este caso 70 elementos materiales probatorios así como 16 testigos entre los que se destacan el excontador del Comité y de la Asociación Colombia Primero, Luis Fernando Useche, quien firmó un principio de oportunidad.
Así como el actual registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez y los representantes a la Cámara, Germán Navas Talero, Guillermo Rivera Flórez y Carlos Arturo Piedradita y el magistrado del Consejo Nacional Electoral, José Joaquín Vives Pérez.
En este caso la Fiscalía pedirá el próximo 13 de marzo que se cobije con medida de aseguraminto a Gustavo Antonio Dajer Chadid, Juan David Angel Botero, Alvaro de Jesus Velasquez Cock, Luisa Fernanda Castro Botero, Heidel Saavedra Salcedo, David Salazar Ochoa, Edna Solangy Lucumi Garcia, Carlos Alberto Jaramillo Uribe, Carlos Alfonso Matiz Bulla, Cecilia Paz de Mosquera y Myriam Donato de Montoya
"El escrito no es claro"
Sin embargo después de la presentación del escrito el representante de la Procuraduría General le pidió al fiscal del caso la aclaración de varios puntos de la acusación en contra de estas nueve personas.
Mientras que los abogados defensores de los procesados indicaron que existen fallas entre la imputación hecha hace un año y medio y el escrito de acusación, por lo que se indica que "es impreciso y contradictorio".
Por esto se dijo que se debe individualizar la responsabilidad de cada uno de los ahora procesados en los hechos por los que son acusados puesto que existen fallas en la calificación de los delitos imputados a cada uno.
Además se indicó que se faltó a la lealtad procesal pusto que se omitieron las pruebas recolectadas que además fueron ocultadas a los demás sujetos procesales lo que provocó un reclamo del fiscal de caso.