Fiscalía busca flexibilidad para interceptar llamadas a jefes de bacrim

 El Fiscal general Eduardo Montealegre tiene listo un ambicioso proyecto con el que busca facilitar todas las herramientas del Estado para acabar con las llamadas Bacrim, es decir, con las Bandas Criminales. Blu Radio pudo establecer que la propuesta será presentada en las próximas semanas al Presidente Juan Manuel Santos y pretende establecer una verdadera política pública para la lucha contra las Bacrim.

Se trata de un listado de diez puntos que han sido socializados con el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, con varios superintendentes y con el Ministro para el Postconflicto Rafael Pardo. El paquete de medidas propuestas por el Fiscal contempla la presentación de un proyecto de Ley Estatutaria que permita a los investigadores de la Fiscalía cierta flexibilidad para realizar interceptaciones telefónicas a todos los miembros de las bandas criminales, y para adelantar búsquedas selectivas en bases de datos, sin necesidad de pedir aval a un juez.

Es importante señalar que estas facultades serían concedidas a la Fiscalía y no contempla ampliarlas a la Policía, al Ejército o a la Armada Nacional.
En esa Ley Estatutaria se buscará que todas las entidades del Estado compartan de una forma sencilla la información que tienen en sus bases de datos.
Otros puntos importantes de este paquete que pretende disminuir de manera definitiva las Bandas Criminales, tienen que ver con la creación de instrumentos jurídicos que permitan a la Fiscalía adelantar negociaciones colectivas con las Bandas Criminales.

Para sacar adelante este punto, se requiere una reforma al Código de Procedimiento Penal, que ya está haciendo curso en un proyecto de Ley presentado por el Representante a la Cámara Hernán Penagos. La idea es que si la Banda Criminal entrega armas, bienes, rutas de narcotráfico, dice la verdad sobre sus crímenes y repara a sus víctimas, podría recibir beneficios penales.

En cuanto a las herramientas de la Fuerza Pública para poder seguir y encontrar a los responsables de las Bacrim, la Fiscalía plantea una reforma a la Ley de Inteligencia que permita mayores herramientas para facilitar esa tarea. Uno de los temas que generará mayor debate en este paquete de medidas tiene que ver con la definición de si es legal o no bombardear campamentos y/o posiciones donde se encuentren integrantes de Bandas Criminales.

Este aspecto es polémico porque en esencia, las Bacrim están conformadas por delincuentes comunes que no tienen una estructura suficientemente fuerte como para ser combatidos con toda la Fuerza del Estado.

En este debate que se abre, la Fiscalía es partidaria de que se revise caso por caso si es conveniente un eventual bombardeo, particularmente teniendo en cuenta de que esta actuación solamente sería procedente si el grupo tiene un cabecilla definido, cuenta con una estructura clara y tiene control de determinado territorio.
La gran preocupación de la Fiscalía en este aspecto es que si no queda bien definido el protocolo para saber en qué casos se puede bombardear campamentos de Bacrim, la Fuerza Pública podría incurrir en violaciones al Derecho Internacional Humanitario, incluso llegando a cometer homicidios en persona protegida.
El quinto punto de la estrategia busca afinar el mecanismo de investigación contra las bandas criminales, permitiendo que haya claridad en el contexto, en el entorno, ubicando los cabecillas y facilitando la regionalización.

Para evitar que las bacrim se sigan alimentando de dineros públicos, se propone crear un modelo especial para que se logren detectar desvíos de recursos del Estado en municipios y departamentos a esas estructuras criminales, incluso creando un mapa de seguimiento en tiempo real de los recursos públicos.

Los puntos finales de la propuesta buscan la conformación de un cuerpo de jueces especializados que conozcan la forma en la que delinquen las bandas criminales.
Adicionalmente, y este punto es polémico, se propone una gran modernización tecnológica de la Fiscalía, teniendo en cuenta que hoy las plataformas para adelantar tareas de inteligencia como la Plataforma Esperanza, están obsoletas.

Se propone que a través de la Cooperación Internacional, a través de Alemania y Estados Unidos, se entreguen recursos para mejorar los equipos de interceptación, incluyendo dispositivos para interceptar charlas por Whatsapp.

Finalmente, se plantea comenzar a utilizar drones para combatir a las Bandas Criminales.

La preocupación del Fiscal Eduardo Montealegre frente a las Bandas Criminales es que una vez se firme un acuerdo de paz con las Farc, muchos de sus hombres podrían regresar a las armas a esos grupos, lo que significaría un gran fracaso de los diálogos de La Habana.