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La Fiscalía General citó a interrogatorio al actual Gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas por su presunta participación en los hechos que rodearon las irregularidades en el proceso de contratación adelantado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) durante la administración de Samuel Moreno Rojas.
El mandatario departamental fue señalado por un grupo de testigos de la Fiscalía General de haber utilizado su posición social que la empresa ICM, que se encargaba de la entrega de pavimentos y azfaltos a la UMV para el repacheo de las calles, en la que fungía como representante se beneficiara con contratos. En la celebración de estos convenios contractuales habría logrado un beneficio económico.
“El caso de la UMV se basa en posibles dadivas o entrega de diferentes empresas, entre ellas ICM, a funcionarios de la Unidad de Mantenimiento Vial y a algunos concejales”, precisó el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Juan Vicente Valbuena quien señaló que se habría entregado una suma cercana a los 500 millones de pesos.
El expresidente del Concejo de Bogotá, Hipólito Moreno –condenado tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía- aseguró que el mandatario departamental tenía muchos intereses en la celebración de estos contratos viales, por lo que buscó que la empresa con la que tenía relación resultara beneficiada pese a que no cumplía los requisitos exigidos.
En los alegatos de conclusión celebrados el pasado 3 de febrero en el juicio al exconcejal Orlando Parada, el procurador del caso solicitó compulsar copias para determinar la participación del Gobernador en las irregularidades en el proceso de licitación en el cual resultó beneficiada la empresa ICM ingenieros.
El representante del Ministerio Público argumentó que durante el proceso un grupo de testigos citaron a Cruz de haberse beneficiado con el denominado ‘carrusel de la contratación’ en la capital en la República referentes a la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) la cual tenía la responsabilidad de ejecutar los contratos de reparación de la malla vial.
El abogado Manuel Sánchez, quien firmó un preacuerdo con el ente investigador, dio detalles sobre la forma en cómo se buscó que dicho contrato le fuera entregado a dicha empresa, para lo que contó además con la presión de varios concejales distritales.
En repetidas oportunidades el Gobernador ha negado estas acusaciones y se ha declarado inocente argumentando que nunca presionó para la entrega de contratos, y tampoco tuvo relación con el denominado mayor escándalo de corrupción administrativa en la capital de la República.