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Álvaro Gómez fue víctima de un atentado el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda donde dictaba una cátedra. Dos sicarios motorizados interceptaron su vehículo y le dispararon en repetidas oportunidades causándole inmediatamente su muerte. Durante años la familia ha pedido resultados en las investigaciones. Y este lunes, luego de más de 22 años, la familia de Gómez Hurtado recibió la noticia de que el crimen fue declarado de lesa humanidad, lo que representa que las investigaciones nunca se cierren y los responsables no reciban ningún beneficio judicial.
Así lo confirmó a El Espectador el abogado de la familia Enrique Gómez Martínez: "la notificación se hizo hoy por parte una fiscal de Derechos Humanos. Se tomaron en cuenta los argumentos que siempre se presentaron, que corresponden a que era un persona protegida y que todo se trató de un ataque sistemático contra personas que denunciaban los vínculos de la mafia con la política. Esperamos con esto un avance en las investigaciones".
En el momento del asesinato, Gómez Hurtado lideraba, a través de las editoriales del diario El Siglo, la oposición al gobierno del presidente Ernesto Samper y reclamaba su renuncia. En este proceso, desde el 27 de octubre de 2015, el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, amplió por un período de cinco años el término de la prescripción en la investigación que se adelantaba por el magnicidio del dirigente político.
La decisión se tomó al considerar que existen pruebas que permiten vincular a miembros de la Fuerza Pública en estos hechos. Así, la prescripción por estos hechos quedó fijada para marzo de 2022, pero no se tomó una decisión de fondo sobre la declaratoria de lesa humanidad.
En junio de 2011 este diario reveló las declaraciones hechas por el extraditado narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, desde Estados Unidos, a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sobre el crimen de Gómez Hurtado. En esa oportunidad Rasguño manifestó que, en una oportunidad, fue testigo de una discusión en una finca en Tierralta (Córdoba) cuando Carlos Castaño, entonces jefe de las Autodefensas, discutía fuertemente con Orlando Henao por este magnicidio.
Henao aceptó que lo hizo porque fue un favor solicitado por Ignacio Londoño porque, supuestamente, Gómez estaba orquestando un golpe de Estado con los ricos de Bogotá, los militares y, si subía a la presidencia, el país se volvía una finca de Estados Unidos y todos iban a terminar extraditados. (Ver ‘Rasguño’ acusó a Samper y Serpa de haber “instigado” asesinato de Álvaro Gómez).