Fiscalía General imputa cargos por descalabro de InterBolsa

Un préstamo por 20 mil millones de pesos que no se le pagó a tiempo al banco BBVA el primero de noviembre de 2012 fue la piedra angular del descalabro de la firma comisionista de bolsa InterBolsa S.A.

Este hecho provocó que la Superintendencia Financiera iniciara una inspección sobre las actividades que adelantaba la comisionista de bolsa con el fin de establecer si podía ser objeto de liquidación y si estaba en la capacidad para continuar con su razón social.

Los reportes oficiales indicaban que la viabilidad era incierta debido a la situación de iliquidez puesto que no había pruebas que permitieran inferir que se podía subsanar esta falla.

“Se presentó la posibilidad para tomar de posición ante una fusión o capitalización sin embargo no se encontró disposición en el mercado ni por parte de sus propios accionistas”, indicó la fiscal Alexandra Ladino durante la audiencia de imputación de cargos en contra de nueve personas por el descalabro bursátil de la que era considerada la más importante firma comisionista que representaba el 30 por ciento del mercado de valores del país.

Ante esta inviabilidad para superar los problemas en las operaciones se presentó una falta de confianza por parte de las entidades bancarias que no permitió la capitalización lo que llevó a que la Superintendencia Financiera ordenó la liquidación de InterBolsa S.A. basándose en los informes de los agentes especiales.

Ante estos hechos, la Fiscalía General abrió la investigación penal por estas irregularidades con el fin de verificar el accionar de la cúpula de la Comisionista en los hechos que llevaron a su desplome.

Incremento exagerado

Durante el año 2011, la empresa Fabricato S.A. representó uno de los mayores aumentos en el mercado accionista de Colombia. Su acción, según la Fiscalía pasó de 26.20 pesos por acción en enero a 84.99 pesos en diciembre.

“Fabricato era la acción más valorada, representado cambios de precios del mercado representados en la cotización acción en la bolsa de valores frente a la oferta y la demanda”, precisó la fiscal del caso.

En este caso no se encontraron sustento en la información relevante en los registros oficiales, en los datos entregados por la Bolsa de Valores y la Superintendencia Financiera. “La hipótesis indica que mediante diferentes acciones se habría afectado el precio de la acción, hecho por el cual se iniciaron las investigaciones pertinentes para establecer las conductas punibles”.

En la investigación de la Fiscalía se pudo establecer que los accionistas de InterBolsa hicieron operaciones con el fin de manipular las acciones con el fin de aparentar una mayor liquidez por lo que se presentó “un incremento exagerado”.

“Se manipuló la acción y la información del precio de la misma”, precisó la fiscal del caso al manifestar que cuando se revisó este incremento y la valorización no se allegaron soportes sobre las operaciones que permitieran entender este considerable aumento en el mercado accionario. 

“Se incrementó en un 214 por ciento”, un factor extraño si se tiene en cuenta que al hacer con la comparación con el ocho por ciento del aumento que representó la segunda empresa y el cinco por ciento de la tercera.

La Fiscalía calificó esta situación como “un incremento desmesurado de estos datos que no pudieron sostenerse”, haciendo énfasis en el hecho de que el alza constante nunca pudo justificarse por parte de los miembros de la comisionista de bolsa.

Con estas acciones irregulares se logró además que los inversionistas influenciados por estos datos invirtieran en Fabricato ante la Bolsa de Valores de Colombia. “Se afectó la libre formación de valores en el mercado de acciones y eso es un delito”.

En la investigación se manifestó que se pudo establecer que este considerable aumento accionario presentaba graves irregularidades y fallas, siempre en contravía de la lógica económica. “Mientras la acción subía el índice siempre estuvo a la baja. Se presentó una relación contraria”.

Ante la jueza 64 de control de garantías, la Fiscalía le imputa cargos a Rodrigo Jaramillo, presidente de InterBolsa; el director del Comité de Riesgos de la misma, Javier Tomás Villadiego Cortina; el Presidente de la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa – SAI -, Jorge Mauricio Infante; Claudia Jaramillo Palacios, comercial de la comisionista; y María Eugenia Jaramillo Palacios, inversionista.

Igualmente serán imputados Carlos Arturo Neira Llache, representante legal de P&P Investment; los hermanos Eduardo Adolfo y Luz Andrea Colmenares Pedreros, representantes de la clínica La Candelaria.

Estas personas tendrán que responder por su presunta participación en los delitos de manipulación de acciones, administración desleal, operaciones no autorizadas por accionistas o asociados y concierto para delinquir.