Fiscalía imputará cargos a 725 exparamilitares por 22 mil hechos delictivos

Entre los procesados se encuentran los excomandantes de las AUC Salvatore Mancuso; Raúl Emilio Hasbún, alias 'Pedro Bonito'; Jorge Iván Laverde, alias 'El Iguano'; y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna'; y Freddy Rendón Herrera, alias 'El Alemán'.

La Fiscalía General imputará cargos a 725 exparamilitares por su participación y responsabilidad en 22 mil hechos delictivos que dejaron un total de 49 mil víctimas en el desarrollo del conflicto armado interno registrado en las décadas de los años ochenta y noventa. Entre los procesados se encuentran 11 excomandantes paramilitares que actualmente se encuentran cobijados con la ley de Justicia y Paz.

En la macroimputación anunciada se encuentra Salvatore Mancuso Gómez; Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias 'Pedro Bonito'; Hernán Giraldo Serna, 'El Patrón'; Jorge Iván Laverde Zapata, 'El Iguano'; Heberth Veloza García, 'HH'; Edward Cobos Téllez, 'Diego Vecino'; Ivan Roberto Duque Gaviria, 'Ernesto Báez'; Rodrigo Pérez Alzate, 'Julián Bolívar'; Diego Fernando Murillo Bejarano, 'Don Berna'; Freddy Rendón Herrera, 'El Alemán'; y Manuel de Jesus Pirabán, 'Pirata'.

Los 22.221 hechos delictivos fueron ejecutados por los Bloques Norte, Catatumbo, Montes de María, Central Bolívar, Cacique Nutibara, Héroes de Granada, Héroes de Tolová, Elmer Cárdenas, Pacífico, Calima, Bananero y Centauros que delinquían en la mayoría de los departamentos del país.

Por la teoría de línea de mando los comandantes de estas estructuras deberán responder por las acciones realizadas por sus hombres. Debido a esto los exjefes de las AUC extraditados y otros que se encuentran ahora en libertad deberán responder penalmente por estas acciones.

Pese a las libertades que gozan algunos de los excomandantes de las AUC ellos están en la obligación de cumplir asistiendo a las diligencias judiciales. De lo contrario podrían perder los beneficios establecidos en la ley de Justicia y Paz.

Los hechos

Los excomandantes paramilitares deberán responder por los hechos que rodearon el desplazamiento de la Asociación de Mujeres Productoras del Campo (Asomuproca), registrado entre el 12 de enero de 1999 y el 24 de agosto de 2000 en el municipio Pivijay (Magdalena) que registró cerca de 300 víctimas.

Igualmente por el crimen del profesor universitario Alfredo Correa de Andreis el 17 de 2004 en Barranquilla. El docente de las Universidades del Norte y Simón Bolívar fue asesinado por paramilitares del Bloque Central Bolívar cuando se encontraba en el centro de la capital del Atlántico.

Además de la masacre de la cabecera municipal de Villa Nueva (La Guajira) el 8 de diciembre de 1998. Así como las masacres y desplazamientos masivos que se registraron en el municipio de Bojayá (Chocó) en el año 2002 y que dejaron más de 1.300 víctimas reconocidas. En ese lugar se presentó una lucha sin cuartel entre la guerrilla y las AUC por el control del territorio. 

El desplazamiento de Las Mercedes en Quibdó ocurrido el 26 de noviembre de 1999 que dejó 69 víctimas directas y 380 víctimas indirectas. Deberá responder además por la masacre de Gualanday, en Corinto (Cauca) registrada el 14 de noviembre de 2001 dejando un saldo de 14 víctimas.

Así como la masacre del corregimiento de Santa Isabel, en el municipio de Curumaní (Cesar) el 8 de enero de 1999 que dejó 39 víctimas. El homicidio de la fiscal especializada de Sincelejo, Yolanda del Carmen Paternina Negrete registrado el 29 de agosto de 2001 en Sincelejo (Sucre).

Las masacres de Caunapí y la Guayacaná en Tumaco (Nariño), ocurridas en los años 2002 y 2003, respectivamente. La desaparición forzada de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Monsalve, el 6 de octubre de 2000, en la ciudad de Medellín (Antioquia) Defensores de derechos humanos y miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).

Y la masacre de Gualanday, municipio de Corinto (Cauca) acaecida el 18 de noviembre de 2001, con 14 víctimas, la masacre de La Rochela cometida el 18 de enero de 1989 en la que fueron asesinadas 12 funcionarios judiciales en el municipio de Simacota (Santander) y el homicidio del Diputado de Meta, José Rodrigo García Orozco, en Villavicencio (Meta), el 26 de noviembre de 1992.