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La Fiscalía General le imputará cargos a la exgobernadora del Huila, Cielo González Villa por su presunta participación en las irregularidades en el proceso de contratación que se adelantaron en el departamento durante su gestión.
La exmandataria departamental, quien fue sancionada disciplinariamente por la Procuraduría General, tendrá que responder por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación a favor de terceros.
Según la investigación, González Villa habría celebrado contratos interadministrativos de concesión con la Fábrica de Licores de Antioquia “sin autorización expresa”, incumpliendo así las normas establecidas por la ley para este tipo de casos.
Ante esto se considera que la exgobernadora habría omitido la licitación pública y la experiencia de la empresa en cuanto a la capacidad técnica, administrativa y de infraestructura para la celebración de dicho convenio interadministrativo. Además González habría incurrido en una falta al buscar darle una apariencia de legalidad a dicho proceso.
Exgobernador de Caquetá
Igualmente la Fiscalía General solicitó audiencia de imputación de cargos en contra del exgobernador del Caquetá, Víctor Isidro Ramírez Loaiza por su presunta participación en la celebración de contratos que afectaron los recursos de seguridad social del departamento durante su administración.
El exmandatario será procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado para cometer delitos contra la administración pública y de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica y peculado por apropiación en favor de terceros. Con estas conductas se habrían afectado los recursos de la seguridad social.
Según la investiación en este caso se habrían suscrito varios convenios y contratos de cooperación, principalmente con la ONG Assitance International, en los que la Fiscalía ha evidenciado la posible existencia de varias irregularidades como la ausencia de estudios previos, entre otras.
La Fiscalía General igualmente indaga si la imposibilidad de ejecución de este convenio por parte de la ONG y la posterior contratación del Departamento con diferentes empresas para suplir los objetivos iniciales, habrían configurado conductas con reproche penal.