El próximo 13 de marzo la Fiscalía General le imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento en contra cinco civiles y tres funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) por su presunta participación en las irregularidades en la adjudicación de bienes que administraba dicha entidad.
Tendrán que responder por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Según la investigación adelantada, estas personas habrían adjudicado 15 establecimientos de comercio, omitiendo el proceso de invitación pública y el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para este tipo de acciones.
Igualmente se pudo determinar que las utilidades que producían estas sociedades no fueron reportadas a la DNE y que se habría presentado un cambio de razón social de los adjudicatarios.