Ante un juez de garantías, la Fiscalía General le imputará los delitos de falsedad en documento público y privado, apropiación a favor de terceros y concierto para delinquir a tres personas implicadas en hacer cobros irregulares en cobro al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Córdoba y la fiduciaria Fiduprevisora, por un valor estimado de 64 mil millones de pesos.
En la audiencia celebrada el pasado viernes a puerta cerrada, el mismo juez dejó en libertad a 11 de las 14 personas capturadas en la mañana del pasado jueves en Bogotá y Córdoba al considerar que ya se habían vencido los términos para legalizar la captura.
Este hecho, cuestionado por la Fiscalía, se presentó puesto que el funcionario judicial acogió los argumentos presentados por la defensa de los procesados al considerar que ya habían pasado las 36 horas para hacer la legalización de la captura de sus representados.
En su argumentación los juristas consideraron que la primera captura se había registrado a las 6 y 45 de la mañana del 21 de febrero por lo que debido a que la audiencia seguía a las 8 y 20 de la noche y no se había tomado una decisión sobre la legalidad de las aprehensiones estas personas debían quedar en libertad.
Esta decisión ha sido cuestionada por los fiscales del caso quienes considerar que el juez incurrió en una falla puesto que según las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional el plazo se suspende en el momento en que se instale la audiencia de legalización de captura.
Según la investigación adelantada mediante procesos ejecutivos laborales, autenticaciones, resoluciones, falsos poderes se reconocían los ajustes pensionales que conllevaron al embargo de cuentas del Fondo y de la Fiduprevisora todo esto con el aval de un juez de Montería.
La Fiscalía estableció que gracias a una acción oportuna se salvaron 141 mil millones de pesos del Estado porque el fiscal del caso solicitó una audiencia especial de "suspensión de efectos jurídicos de más medidas cautelares" que el detenido juez había ordenado en contra de los fondos inembargables del Estado.