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Un juez de control de garantías de Bogotá avaló la solicitud presentada por la Fiscalía General para que el exsecretario privado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Julián Marulanda en el marco del proceso que se adelanta por las irregularidades en los contratos que se celebraron en dicha entidad.
El funcionario judicial consideró que es evidente que el procesado no tiene interés alguno por presentarse ante las citaciones de las autoridades judiciales. Marulanda salió del país el 24 de agosto de 2014 a Estados Unidos, pocos días después que estará el escándalo en la UNP.
Acto seguido la Fiscalía General le imputó los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y cohecho impropio. Esto por las irregularidades en la celebración de contratos en la UNP por un valor superior a los 2.000 millones de pesos.
El próximo jueves el fiscal del caso solicitará que se cobije con medida de aseguramiento a Marulanda en centro carcelario, hecho por el cual se pedirá además que se dicte orden de captura internacional. (Ver Red de corrupción en la Unidad de Protección)
La base del proceso tiene relación las deficiencias en el manejo del presupuesto de dicha entidad, la cual tiene como objetivo brindarle protección y seguridad a las personas cuya vida o integridad personal se encuentre en riesgo.
Diversos documentos de la Contraloría General llamaron la atención frente a los malos manejos que se estarían presentado, así como las falencias en la ejecución de contratos celebrados.
Tras recolectar elementos materiales probatorios en diferentes inspecciones a la Unidad adscrita al Ministerio del Interior, la Fiscalía determinó que se estaban presentando sobrecostos en el tema de la facturación, así como irregularidades en el tema de contratación.
El nombre del secretario general fue vinculado inmediatamente a la investigación como le líder de una red interna, la cual con otros cinco funcionarios. Para el ente con su actuar se presentó un detrimento a las finanzas de la UNP.
En dos años -según los investigadores- logró beneficios económicos que están sustentados en sus cuentas bancarias, ingresos que no pudo explicar puesto que no se presentó a los interrogatorios. Tampoco pudo responder las falencias en la celebración de millonarios contratos.