Fiscalía imputó cargos a Carlos Albornoz por escándalo en la DNE

Archivo El Espectador

Ante un juez de control garantías de Bogotá la Fiscalía General le imputó tres cargos al exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Carlos Albornoz por las irregularidades en la entrega de bienes a un grupo de particulares a cambio de una millonaria comisión.

Albornoz, quien enfrenta otros dos procesos penales por estos hechos, se declaró inocente de los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal, peculado por apropiación y obtención de documentos falsos.

Los hechos materia de investigación en este nuevo caso tienen relación con la entrega de un predio en el municipio de Zambrano (Bolívar), el cual le fue entregado a un amigo cercano de Albornoz quien no cumplía los requisitos exigidos.

Para el fiscal del caso el entonces director presentó documentos falsos para justificar la entrega de la finca. Además presentó un valor inferior al real. La Fiscalía solicitó que se le cobije con medida de aseguramiento.

Desde el 18 de septiembre de 2013 Albornoz se encuentra privado de su libertad. Enfrenta un proceso penal por las irregularidades en la entrega del bien conocido como ‘Granja 32’, ubicada en el municipio de Cota (Cundinamarca) y de propiedad del extinto narcotraficante tolimense Guillermo Ortiz Gaitán.

Por estos hechos la Fiscalía lo acusó como presunto responsable de los delitos de acceso abusivo al sistema informático, concierto para delinquir, peculado por apropiación, concusión, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato por acción.

En la investigación se indicó que dicho bien inmueble tenía un valor de $3.200 millones, sin embargo, aseguró que Albornoz y compañía, a través de una certificación, autorizaron su venta por $1.200 millones.

El segundo juicio se relaciona con detrimento patrimonial en la DNE, que habrían generado pérdidas por más de $25.000 millones a la nación por la entrega irregular de diversos bienes incautados a narcotraficantes y que eran administrados por la entidad, ya intervenida por el Gobierno.

Por estos mismos hechos la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó con 14 años para ocupar cargos públicos.