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La Fiscalía General le imputó los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos al exgobernador del Chocó, Efraín Palacios Serna.
Debido a la gravedad de los delitos el ente investigador le solicitó a una magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario al exmandatario departamental.
Palacios Serna fue trasladado por la Policía desde Quibdó a la capital de la República para que enfrentará este proceso judicial. La audiencia de imputación de cargos tuvo que ser suspendida en cinco oportunidades.
Debido a estos hechos la Fiscalía pidió tomar medidas de fondo para garantizar la presencia del exgobernador quien el pasado 29 de diciembre fue detenido para que cumpliera una orden de arresto por el término de 10 días por el desacato de una acción de tutela.
Según la investigación el entonces Gobernador firmó una serie de contratos, por un valor de 4.000 millones de pesos, para el suministro de medicamentos de alto costo en diferentes droguerías del departamento.
Sin embargo, los recursos habrían sido desviados para el pago de deudas adquiridas por Palacio Serna en su campaña política. En pocas palabras, el objetivo de los millonarios contratos nunca se cumplió y los recursos fueron utilizados para otros fines. (Ver Tribunal Superior da ultimátum al Gobernador del Chocó)
“El departamento del Chocó a través de la Secretaría de Salud celebró contratos de prestación de servicios para el suministro de medicamentes POS y no POS para población vulnerable. En el trámite y celebración de esos contratos se violaron los procesos de contratación pública porque se inobservaron requisitos legales”, precisó el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo el pasado 24 de noviembre tras anunciar la imputación de cargos.
El Vicefiscal General aseguró que el Gobernador "habría utilizado de manera indebida recursos del sistema de seguridad social para el pago de créditos de su campaña política. Recursos que habrían debido ser destinados a la compra de medicamentos para población vulnerable".
Las pruebas recolectadas, explicó el Vicefiscal General, permiten inferir que en la actividad contractual existió una participación directa del Gobernador. “Al constituir la red de prestación de servicios era consciente que la única finalidad era apropiar los recursos del erario para retribuir los gastos de su campaña”.