Agro Ingreso Seguro Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien defiende los intereses del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, manifestó que a lo largo del juicio que se adelantó por dos años contra su cliente no se presentó prueba documental y testimonial que permita inferir que incurrió en una irregularidad en la celebración de convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en el desarrollo del programa de Agro Ingreso Seguro (AIS).
El jurista le manifestó a los magistrados que la Fiscalía no tuvo en cuenta la gran diferencia que existe entre convenios y contratos que establece la ley, y la cual ha sido validada por sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, señalando que en el primer caso se habla de cooperación en temas de ciencia y tecnología “como se ha hecho por muchos años entre el Ministerio de Agricultura y el IICA debido a su experiencia”.
Gómez Gallego presentó una serie de documentos que indican que todo este proceso cumplió con los requisitos exigidos por la ley cuando se habla de celebración de convenios, reseñando que la Fiscalía General no tuvo en cuenta el historial que tenía el Ministerio con el organismo internacional “reconocido en todas partes por su experiencia en la ayuda con el campo, la agricultura y agronomía”.
Al analizar las declaraciones de los testigos de la Fiscalía y la defensa, el jurista aseguró que el ente investigador incurrió en “múltiples yerros” cuando hizo la acusación formal en contra de Arias Leyva por su presunta participación en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros durante la celebración del programa bandera del Ministerio de Agricultura.
“La acusación se quedó en la escueta información sin saber qué documentos y qué trámite tuvo que hacerse”, precisó el jurista al señalar que el fiscal del caso solamente hizo una mención de los delitos en los que habría incurrido el exjefe de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural faltando así “a su principio constitucional” de demostrar con hechos y pruebas la veracidad de su hipótesis jurídica.
Para el abogado defensor en los dos años y medio que duró el juicio la Fiscalía General “no pudo probar de manera fehaciente” su tesis ya que toda “su argumentación forzada” estuvo dirigida a negar las actividades de ciencia y tecnología firmadas entre el Ministerio y el IICA. “A negar pero no a probar” las irregularidades que supuestamente se habrían presentado en la firma de estos convenios.
En reiteradas oportunidades el abogado citó la declaración rendida por el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, ante un derecho de petición presentado, sobre el notable historial de convenios y contratos firmados entre la entidad y el IICA dirigidos a la cooperación de proyectos.
“No se presentó, como lo manifestó en reiteradas oportunidades la Fiscalía General, en una vulneración al principio de contratación y la ley que establece la transparencia, objetividad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad”.
En este proceso la Fiscalía General le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que emitiera fallo condenatorio. Mientras que el representante de la Procuraduría General pidió que se emita fallo absolutorio a favor del exministro de Agricultura.